Lapsus. Error. Despiste. Premeditación. Sea como fuere, lo cierto es que hasta 45 empresas no remitieron información detallada de la facturación efectuada a los partidos políticos por importes superiores a 10.000 euros durante la campaña para las elecciones generales de diciembre de 2015.
Los servicios prestados supusieron cobros por un montante total de 3,7 millones de euros, según ha denunciado el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización de las contabilidades correspondientes a los comicios de 2015.
La mayoría de las empresas citadas trabajó para el Partido Popular. En esta fiscalización de los ingresos y gastos se ha identificado a 31 proveedores populares por prestación de servicios o adquisición de bienes, con una facturación conjunta de 2,8 millones de euros, que no informaron de sus trabajos.
«La obligación de las empresas de aportar información detallada tiene como fin que el Tribunal de Cuentas pueda contrastar la información declarada por el partido en su contabilidad electoral con la suministrada por dichos proveedores», explican desde el órgano fiscalizador.
Con información de El Mundo
