500 ONG y 250 personas representativas de todos los sectores del país, rechazaron el proyecto de ley de la Asamblea Nacional de Maduro titulado Ley de Cooperación Internacional (PLCI). A su juicio dicha legislación tendría consecuencias devastadoras para la población más vulnerable y la sociedad civil venezolana.
El Político
En un extenso documento expone que el mencionado proyecto cierra el acceso al apoyo que ofrece la comunidad internacional a las capacidades de protección, asistencia y desarrollo de la población en materia económica, social, civil y humanitaria.
"Un derecho humano establecido en tratados internacionales suscritos por el país, que puede aliviar y ayudar a superar las masivas y múltiples privaciones que se enfrentan en la actualidad", apuntan
Crisis de hondas dimensiones
El documento las 500 organizaciones de la sociedad civil y 250 personas rechazan el proyecto de ley al cual califican como "anti-solidaridad" por que cierra el país a la cooperación internacional.
Los firmantes describen las razones que le llevan a oponerse a la postura oficialista. Sostienen que la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela desde 2015 ha causado grandes estragos en todas las necesidades básicas de la población. La que además tuvo que enfrentar a los efectos de la pandemia por el virus del SARS-CoV-2.
"Algunos ejemplos son los millones de personas que se encuentran en inseguridad alimentaria en el país y los 6,1 millones de venezolanos que han tenido que abandonar sus hogares por la crisis”.
#18May 500 organizaciones de la sociedad civil y 250 personas rechazan el proyecto de ley anti-solidaridad que cierra la cooperación internacional. Vía Comunicado#LeyAntisolidaridad https://t.co/o4HBXr1nAx pic.twitter.com/cVtrn8YSCT
— Caleidoscopio Humano (@CaleidoHumano) May 18, 2022
Ayuda humanitaria ¿bajo control del Estado?
En el pronuncoamiento sostienen que con este proyecto de ley, se busca reinterpretar la definición de cooperación internacional hacia intereses ideológicos, políticos y/o económicos del gobierno nacional "dejando por fuera conceptos esenciales como derechos humanos y ayuda humanitaria".
Más grave aún es que queda clara la intención de controlar y castigar a toda persona u organización que no se sujete a la interpretación del régimen.
"Lo cual abarca a toda la sociedad civil nacional y a las organizaciones internacionales. Incluyendo la posibilidad de dejar sin efecto las obligaciones y compromisos del Estado en acuerdos con organismos internacionales de cooperación, en caso de no adecuarse a esta finalidad del proyecto de ley”.
Las organizaciones de la sociedad civil alertamos una vez más sobre los perjuicios que la aprobación de la #LeyAntiSolidaridad puede traer para la población venezolana con mayor necesidad y exigimos respeto al trabajo que realizamos #JusticiaVe (VPN) https://t.co/VzQPNdIW5q
— Acceso a la Justicia (@AccesoaJusticia) May 18, 2022
Exclusividad del régimen
A juicio de los firmantes este proyecto de ley no se pretende regular la materia sino transferir su exclusividad al gobierno.
"Lo cual, implica ser el único que pueda recibir, transferir e intercambiar recursos humanos, bienes, servicios, financiamiento y tecnología de los organismos cooperantes. Y disponer de ellos de acuerdo con las prioridades y criterios discrecionales del Ejecutivo Nacional".
Para la cual el régimen crearía un fondo que captaría, prestaría y administraría los recursos provenientes o destinados a la cooperación internacional. Especialmente destinados hacia la sociedad civil nacional y las organizaciones internacionales.
"Incluyendo a todas las ONG, sindicatos, instituciones académicas y toda asociación de derecho privado que participe en actividades de cooperación internacional".
A lo que se suma un nuevo sistema de autorización o habilitación estatal, al que se denomina
“sistema integrado de registro obligatorio”. Este sería el mecanismo a través del cual el gobierno se reserva el reconocimiento de las asociaciones. Para que puedan ser posibles receptoras o participantes de actividades de cooperación internacional.
El proyecto además crea un nuevo sistema sancionatorio específicamente dirigido a la sociedad civil nacional.
Con la potestad de “prohibir, suspender, restringir o eliminar definitivamente” a cualquier asociación que, a criterio discrecional del Ejecutivo, se considere que promueve o participa de forma directa o
indirecta en actividades contrarias a los intereses del gobierno".
Los firmantes acudieron este miércoles a la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Venezuela, para entregar el documento.
#AHORA #18May Organizaciones de la sociedad civil acuden a la sede del PNUD para hacer entrega de un comunicado donde queda de manifiesto el rechazo al Proyecto de Ley de Cooperación Internacional que se discute en la AN.
Video @marialexsilva01#LeyAntisolidaridad pic.twitter.com/M3avbXDCbJ— Caleidoscopio Humano (@CaleidoHumano) May 18, 2022
