La lista es larga. 600 policías testificarán desde este lunes en el juicio por la venta ilegal de pases policiales. A la diligencia han sido convocados desde personal de tropa hasta generales.
El caso estalló el 3 de julio del 2015. Ese día, el ministro del Interior José Serrano señaló por Twitter que se había desarticulado una red de corrupción en la institución y dos días después se anunció la salida del comandante Fausto Tamayo. Un año después, él y otras 15 personas (un civil) están procesadas por delincuencia organizada, pues las investigaciones revelaron que la red montó una estructura para cobrar hasta USD 2 000 a cada policía que buscaba cambiarse de una ciudad a otra.
Por eso, los procesados son acusados de vender fraudulentamente 1 347 pases en 10 meses. Ese es el dato que la Fiscalía identificó tras analizar la base de datos de la Dirección de Personal de la Policía. En medio de estos hechos, los abogados de Tamayo dicen haber preparado toda una defensa y es la que mayor número de uniformados convocó como testigos, para esta cita judicial que arranca a las 08:30, en la Corte Nacional.
Además, pidió la presencia del presidente Rafael Correa y del viceministro del Interior, Diego Fuentes. En el caso del Jefe de Estado su testimonio fue tomado a través de una declaración juramentada, pues se le preguntó cómo se nombró a Tamayo en la Comandancia.
La respuesta se conocerá en esta diligencia, que se prevé dure al menos tres semanas. La Fiscalía, en cambio, tiene a 32 policías como testigos. Allí están los cuatro agentes que ya fueron sentenciados por este hecho a seis, ocho y 12 meses de cárcel, pues aceptaron su participación en la red de corrupción y se acogieron a un procedimiento que les ayuda y que está en el COIP. En sus primeras versiones los cuatro uniformados acusan al teniente Alexis Cifuentes de ser el cabecilla de la organización. Esto debido a que supuestamente “tenía contactos en el Ministerio del Interior”.
De hecho, datos de la Policía corroboran que Cifuentes trabajó en esa Cartera de Estado y en la Presidencia. Pero el ministro José Serrano ha negado que autoridades hayan participado de este delito. Incluso ha señalado esto: “Fuimos nosotros quienes denunciamos estos actos de corrupción”. Eso lo volvió a repetir en junio pasado cuando fue detenido Cifuentes. Este teniente estaba prófugo y ahora será juzgado en calidad de autor del delito, pues se conoce que ayudó a tramitar los pases.
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Agentes de la Dirección de Personal también están en la lista de testigos que comparecerán ante el Tribunal de la Corte de Pichincha. Ellos darán detalles de cómo se avalaban los pedidos de los uniformados que buscaban cambiarse de una ciudad a otra. De allí que las indagaciones han revelado que, con la estructura creada al interior de la institución del orden, los detenidos movieron por lo menos USD 6 millones.
Por eso se pidió a la Unidad de Análisis Financiero que rastree las cuentas bancarias de los procesados, pues los investigadores sospechan que compraron autos, casas, terrenos, departamentos e incrementaron su capital “considerablemente”. En los expedientes reposan informes que muestran cómo uno de los detenidos pasó de tener USD 24 054 en 2013 a registrar en su cuenta del 2015 USD 202 297.
Los detalles de cómo operaba esta red se conocen poco a poco. Habrían conformado un grupo de Inteligencia, cuyos integrantes visitaban los repartos policiales para identificar a los agentes que requerían irse de una ciudad a otra. A ellos se les ofertaba los cambios. Los uniformados que aceptaban tenían que depositar el dinero en las cuentas de otros agentes, quienes eran los recaudadores.
Esos montos al final presuntamente eran entregados al teniente Cifuentes. Todos esos detalles serán analizados en el juicio, que el pasado miércoles fue suspendido por la jueza Maritza Romero por falta de espacio físico en la Corte de Pichincha. Ese día los ascensores y gradas colapsaron por la cantidad de policías que llegaron a testificar. Incluso agentes de otras provincias estuvieron allí y los detenidos llegaron con esposas en las manos.
Con información de El Telégrafo
