El directorio de Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (Ancap) se comprometió con el sindicato a que mantendrá sus dos (muy deficitarias) plantas de fabricación de cemento operativas, pero también le advirtió el mes pasado que para cumplir ese objetivo debe sí o sí reducir 50% las horas extras, abatir los servicios de vigilancia, espacios verdes y limpieza, eliminar y reducir puestos de trabajo y cambiar el modelo de gestión.
La necesidad de equilibrar las cuentas de la división Cemento parece impostergable. Las pérdidas llegaron a US$ 207 millones en la última década y en 2016 se ubicaron en US$ 25 millones. Desde 2004 que los ingresos del negocio son inferiores a los costos.
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Un documento de febrero pasado que Ancap le presentó al sindicato reconoce que los salarios y contrataciones representan el 54% de los costos y la energía (electricidad y combustibles) el 22%. Con los actuales costos de la división de Cemento, en este ejercicio los costos se ubicarían en US$ 75 millones y los ingresos operativos solamente llegarían a US$ 57,9 millones, indica el documento al que accedió El País.
La empresa tiene el objetivo de lograr un equilibrio en sus resultados en 2018, pero admite que este año todavía tendría una pérdida de al menos US$ 12 millones y eso en caso de que logre abatir los costos y reestructurar el negocio.
La situación es particularmente grave en la planta de Paysandú que generaría solamente US$ 18,7 millones de los ingresos de la división y cuyos costos de producción llegarían a US$ 28,8 millones, por lo que su desequilibrio superaría los US$ 10 millones. La planta de Minas presenta un panorama algo mejor porque produciría ingresos por US$ 39,1 millones y sus costos de producción se ubicarían en US$ 31,6 millones. Si Ancap logra bajar los costos como planea, la planta de Minas podría tener un resultado positivo de US$ 5 millones, pero en Paysandú seguiría con un rojo de US$ 8,6 millones.
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