La Corte Suprema de Brasil condenó a 12 años y 6 meses de prisión, por los delitos de corrupción y lavado de dinero, al diputado Paulo Feijó, con lo que automáticamente despojó de su mandato al legislador por el oficialista Partido de la República (PR).
La sanción fue determinada por unanimidad por los miembros de la primera sala del Supremo Tribunal Federal (STF), máxima corte y única habilitada para juzgar a autoridades aforadas, al pronunciarse en última instancia en un proceso contra una red acusada de desviar recursos de varios municipios del país mediante la compra de ambulancias y equipos médicos con precios elevados mediante fraudes.
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Pese a la determinación de la Corte Suprema, ni la condena ni la pérdida del mandato podrán aplicarse inmediatamente debido a que el diputado aún tiene derecho a presentar recurso contra la decisión ante el pleno del tribunal.
Los magistrados determinaron que la Cámara de Diputados despoje de su mandato automáticamente al parlamentario por considerar que el cumplimiento de las actividades legislativas no es compatible para una persona condenada a más de cuatro años de prisión en régimen cerrado.
Los magistrados alegaron que una condena a más de cuatro años de prisión le impide al congresista cumplir sus deberes constitucionales y que, por lo tanto, la pérdida del mandato es automática y no depende de la Cámara de Diputados.
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"La Constitución establece que quien se ausenta a más de una tercera parte de las sesiones legislativas, lo que ocurrirá para un diputado que tendrá que pasar más de cuatro años en prisión, pierde el mandato por declaración de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y no por deliberación de sus miembros", explicó el magistrado Luis Roberto Barroso.
Según la Fiscalía, Feijó presentó en el Congreso enmiendas a la Ley de Presupuestos del Estado que dotaron con recursos a municipios del estado de Río de Janeiro que adquirieron las ambulancias en licitaciones ilegales.
Las licitaciones buscaban favorecer a la empresa Planam, que pagó sobornos a diferentes autoridades municipales que aceptaron comprar sus vehículos y equipos médicos por valores superiores a los del mercado.
Con información de EFE
