El Congreso de San Luis Potosí inició investigaciones contra la secretaria de Salud de la entidad Mónica Rangel, que el pasado fin de semana resultó lesionada tras recibir un impacto de bala. La comisión de Seguridad aseguró tener elementos que ameritan una investigación para aclarar que realmente se trató de un accidente en el hogar y no de un atentando contra la vida de la funcionaria.
"Es necesario investigar que la declaración que está haciendo sea real y qué pasó con el tema del arma que se disparó, no podemos permitir que funcionarios anden portando armas que no están reguladas, se habla de un bolígrafo que es un arma 22 que se accionó por accidente cuando quiere decir que estuvo portando ese bolígrafo en reuniones de gabinete, frente a un gobernador y otras autoridades”, dijo Manuel Barrera, diputado local en San Luis Potosí, presidente de la Comisión de Seguridad Pública
De comprobarse que la secretaria de Salud portó un arma prohibida en espacios públicos deberá ser removida de su puesto aclaró el presidente de la Comisión de Seguridad Pública de extracción ecologista (PVEM). La investigación también incluirá el uso de una aeronave para la atención de un tratamiento médico que ya no era de urgencia porque la bala le fue extraída minutos después en un hospital cercano a Axtla de Terrazas.
"Es importante una investigación exhaustiva porque, si bien no llega al hospital público y llega a un privado la trasladan en un helicóptero de gobierno, hablamos entonces de que todos los ciudadanos, más de dos millones en San Luis Potosí, tendríamos el derecho a pedir el helicóptero al gobernador para trasladarnos cuando cometamos uno de estos errores, cualquier accidente acreditaría que tenemos el mismo derecho de utilizar un helicóptero que a todas luces es más costoso que el mismo tratamiento en un hospital, incluso privado; yo creo que esto es algo que requiere una investigación y sobre todo que si hay culpabilidad se le retire del cargo a esta persona” , sostuvo el legislador.
El presidente de la Comisión de Seguridad aclaró que la funcionara deberá dar una explicación moral al pueblo potosino del porqué decidió culminar el tratamiento en una institución privada y no hacer uso de los servicios públicos que encabeza.
Con información de Excelsior
