Este viernes, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) resolvió unas medidas de protección para los empleados del Ministerio Público (MP), tras las constantes amenazas por parte del Gobierno dictatorial de Nicolás Maduro.
La información fue suministrada por la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, quien luego de haber desertado del proceso Constituyente de Maduro tildándolo como la acción que ocasionaría la ruptura constitucional, el Gobierno y todos las instituciones que deberían estar "deslindadas de ideología" se han dado la tarea de arremeter contra ella y los trabajadores del MP.
Según la Fiscal, las medidas además corresponden a los ataques que ha recibido la institución por parte de sujetos lacayos del dictador venezolano.
¡Insistencia!
El MP, catalogado además por el presidente como traidor y vendido, se ha encargado de denunciar las aberraciones del Gobierno rojo rojito, cosa que no le gusta a Maduro, por lo que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) – en plenas órdenes del mandatario – inició un antejuicio de mérito y le prohibió salir del país así como congelar los bienes, a pesar de que la fiscal se visto envuelta en señalamientos constantes permanece firme alegando que continuará denunciando a Maduro todas las veces que sean necesarias. ¡Que mal por el dictador!
