Las causas de narcotráfico contra destacados elementos del chavismo empiezan a acumularse en Estados Unidos, país que, como destino de gran parte de la droga, combate especialmente el comercio internacional de estupefacientes. «Era solo cuestión de tiempo», afirma alguien que colabora con la DEA (la agencia antinarcóticos estadounidense) en la obtención de testigos que ayuden en las investigaciones y aporten pruebas ante los tribunales federales de EE.UU.
El desmoronamiento del régimen, acentuado por la crisis económica y la penuria general, está multiplicando la fuga de cargos intermedios, que aportan información como salvavidas propio. «Es un sálvese quien pueda. Finalmente está saliendo a la luz lo que desde hace años, instituido por Hugo Chávez, ha sido un narcoestado», añade la fuente.
¿Cómo calificar, si no, a un país cuyo director y subdirector de la Agencia Nacional Antidrogas (ONA), los generales Néstor Reverol y Edylberto Molina, respectivamente, han sido acusados formalmente de narcotráfico, al permitir el traslado de cargamentos a través del territorio nacional, como anunció esta semana una de las fiscalías de Nueva York? Un país cuyo director de la inteligencia militar y el de espionaje civil, los generales Hugo Carvajal y Henry Rangel, fueron sancionados en el exterior por ayudar a las FARC a poner droga en el mercado.
¿Qué decir cuando esos mismos dirigentes han sido luego colocados al frente del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Interior y Justicia, o han pasado a dirigir gobernaciones de estados? ¿O cuando desde el entorno de la familia presidencial se pueden establecer contactos para lograr una gran carga de cocaína y traficar con ella, como han reconocido los dos sobrinos de Nicolás Maduro que aguardan juicio en Manhattan? El Gobierno venezolano responde con ataques, sin investigar siquiera lo denunciado, cerrando filas con los acusados, que mientras sigan en territorio nacional podrán esquivar órdenes internacionales de detención.
Y todo ello, aunque cada vez más voluminoso, es solo la punta del iceberg, los casos que por ahora han sido hecho públicos desde varios tribunales federales de Estados Unidos y desde el Tesoro de ese país. Quedan imputaciones «selladas», no hechas públicas con el ánimo de poder apresar a los acusados.
Las mismas fuentes que ya en enero desvelaron a ABC que el general Reverol, jefe de la Guardia Nacional hasta el mes pasado, había sido imputado secretamente, apuntan que además de él y Molina habría otra media docena de altos mandos de la Guardia Nacional con un «indictment» sellado, preparado por la misma Fiscalía del Distrito Este de Nueva York.
La investigación fue llevada a cabo por Loretta Lynch, que fue jefa de esa Fiscalía y luego nombrada Fiscal General de EE.UU. por Obama. Las acusaciones de su equipo indican que cuando Reverol y Molina dirigieron la ONA entre 2008 y 2010 «recibieron pagos de narcotraficantes por asistirles en distribuir cocaína para su importación dentro de EE.UU.». Así, «alertaron a los traficantes de futuras redadas o de lugares donde funcionarios venezolanos antinarcóticos iban a desarrollar actividades para así permitir a los narcotraficantes que cambiaran de lugar su droga almacenada o que alteraran las rutas de transporte de droga».
En su comunicado, la Fiscalía de Brooklyn recuerda que ya hace tres años imputó a otros dos oficiales de la Guardia Nacional, de rango inferior, Vassyly Villarroel y Rafael Villasana, por haber usado vehículos oficiales para transportar más de siete toneladas de cocaína desde la frontera con Colombia hasta varios aeropuertos y puertos de Venezuela.
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