Organismos internacionales y varios Gobiernos de América y Europa reafirmaron este sábado su apoyo al Parlamento venezolano y su rechazo a la Constituyente, integrada solo por oficialistas, luego de que esta decidiera asumir competencias para legislar, lo que consideran que ahondará la crisis en el país. EFE
Tras la decisión de la Asamblea Constituyente, diplomáticos de doce países visitaron este sábado la sede del Parlamento venezolano, de mayoría opositora, para expresarle su respaldo.
A la sede acudieron representantes de las embajadas de España, Holanda, Chile, Italia, Alemania, Austria, Argentina, Polonia, México, Francia, Reino Unido y Portugal, que se reunieron con la directiva del Parlamento, poco antes de que este celebre una sesión para adoptar una resolución ante la medida tomada el viernes por la Constituyente.
En un comunicado conjunto, doce Gobiernos de América expresaron que el acto de la Constituyente “de usurpar las competencias y facultades legislativas” ratifica “la ruptura del orden democrático y constitucional en Venezuela”.
Además, reiteraron “el no reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente y de los actos que emanen” de ella y reafirmaron su pleno apoyo al Parlamento y su decisión “de intensificar consultas para aplicar la Carta Democrática Interamericana a Venezuela”.
De este manera el régimen revolucionario convirtió a Venezuela en una dictadura
El comunicado fue firmado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, llamado el Grupo de Lima tras la declaración suscrita por sus cancilleres hace diez días para denunciar una “dictadura” y el “quiebre democrático” en Venezuela.
El Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con Venezuela suspendida indefinidamente, también condenó la decisión “de usurpar las atribuciones” del Parlamento, elegido “democráticamente por la mayoría de los venezolanos” y que ven como “único y exclusivo titular del Poder Legislativo en ese país”.
Para el bloque, esto agrava los conflictos en lugar de buscar el “necesario restablecimiento de la democracia”.
La medida fue tomada por la Constituyente luego de que la directiva del Parlamento no acudiera a una reunión a la que había sido convocada por ese órgano, que los opositores tildan de “fraudulento” y ven como un instrumento del Gobierno de Nicolás Maduro para consolidar una dictadura en el país.
En un decreto, la Constituyente aprobó “asumir las competencias para legislar sobre las materias dirigidas directamente a garantizar la preservación de la paz, la seguridad, la soberanía, el sistema socioeconómico y financiero, los fines del Estado y la preeminencia de los derechos de los venezolanos”.
Tras el anuncio del decreto, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, lo definió como “la disolución fraudulenta” del Parlamento y dijo que es la “profundización del golpe de Estado en Venezuela”.
El Parlamento fue elegido “por el pueblo soberano por sufragio directo. Su disolución es ilegitima e inconstitucional”, agregó Almagro al insistir en su llamado para celebrar un Consejo Permanente extraordinario de la OEA sobre la crisis venezolana.
Venezuela ha sido escenario de manifestaciones que se incrementaron cuando Maduro convocó a la Constituyente, compuesta solo por miembros afectos al Gobierno.
“Esta toma de poderes está diseñada para suplantar la Asamblea Nacional democráticamente elegida por un comité autoritario que opera por encima de la ley”, afirmó el Departamento de Estado de EE.UU.
Mientras el Ejecutivo español señaló que es una decisión que “no contribuye a la reconciliación ni al futuro democrático de Venezuela” y que demuestra “un grave desconocimiento de la voluntad del pueblo venezolano”.
Washington solo reconoce a la AN como único órgano legislativo legítimo en Venezuela
Autoridades parlamentarias de nueve países iberoamericanos -España, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, México, Panamá y Perú- también condenaron la “ruptura del orden democrático”, exigieron la aplicación de la Carta Democrática y ratificaron que la vía electoral “es la única salida a la crítica situación”.
Panamá expresó que “la disolución de la Asamblea Nacional Venezolana” se hizo “a través de un decreto de la ilegítimamente constituida Asamblea Constituyente” y calificó la medida de “irrespeto a los principios democráticos”.
Mientras el canciller chileno, Heraldo Muñoz, rechazó que la “Constituyente de Venezuela haya asumido facultades de Asamblea Nacional elegida democráticamente” y Costa Rica expresó su respaldo al Parlamento venezolano.
El constituyente Diosdado Cabello advirtió que el Parlamento debe reconocer a dicha Asamblea si quiere volver a ejercer sus competencias y en respuesta el titular del Legislativo, el opositor Julio Borges, denunció que ese organismo es “un poder de facto” que “pretende perpetuar” a Maduro en el poder.
