La masacre de El Junquito no es un hecho aislado. Es la consecuencia directa de la institucionalización del uso excesivo de la fuerza y las ejecuciones extrajudiciales en el marco de la actuación policial y militar en labores de seguridad ciudadana, y es un claro mensaje -en medio de la asunción del terrorismo de estado para aplacar el descontento social-, a quienes expresen su rechazo a la dictadura de Nicolás Maduro.
EEUU asegura que no es buena idea que Maduro vaya a una reelección
https://t.co/dAN0iV93wO pic.twitter.com/6D7dH47fyW— El Político (@elpoliticonews) January 25, 2018
El gobierno ha abandonado todo vestigio de pudor y ante la mirada nacional e internacional asesina y viola derechos humanos, de sus opositores políticos y de la población en general.
Entre los años 2003 y 2018, Provea contabiliza al menos 10 masacres cometidas por agentes de la fuerza pública, en las que 177 personas resultaron asesinadas. La mayoría de estas muertes han sido consecuencia de ejecuciones extrajudiciales en el marco de operativos de seguridad ciudadana en comunidades pobres y en operativos de toma de recintos carcelarios.
1. Militarización de la seguridad ciudadana
El artículo 332 de la Constitución establece que “los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil”. La decisión de militarizar la seguridad ciudadana es absolutamente contraria a lo consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los estándares internacionales sobre uso progresivo y diferenciado de la fuerza y a la Carta Magna y las regulaciones nacionales en materia de actuación policial.
2. Aliento a la comisión de abusos
“A la violencia y el terrorismo se le debe golpear antes de que actúen… nuestra mayor victoria es un golpe preventivo, neutralizarlos, desconfigurarlos, desarmarlos, desarticularlos, abatirlos, antes de que actúen los terroristas…”. Estas palabras fueron pronunciadas por el Presidente de la República, Nicolás Maduro, durante el acto de juramentación de la II Promoción de efectivos del “Comando Antiterrorista” del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), realizado el 25 de agosto de 2016 en Barlovento, estado Miranda, el Presidente Nicolás Maduro extendió una felicitación vía telefónica a los graduandos, en la que alentó abiertamente a la comisión de abusos y ejecuciones policiales por parte de los funcionarios del referido cuerpo policial.
3. Impunidad
En Venezuela, junto a la pobreza, la impunidad es la mayor violación de derechos humanos. Provea ha afirmado numerosas veces que la impunidad en Venezuela es estructural. La propia Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz ha reconocido que la cifra de impunidad en materia de delitos comunes alcanza el 92% de los casos y en violaciones de derechos humanos, se sitúa en 98%.
4. Asunción del terrorismo de Estado
La dictadura de Maduro ha asumido abiertamente practicas de terrorismo de Estado para infundir temor en la población e inhibirla de expresar su malestar ante la grave situación que vive el país. La extinción del Estado de Derecho mediante la ampliación de un cerco jurídico que restringe los derechos de manifestación, asociación y libre expresión.
Seguir leyendo en derechos.org
