La regla de "carga pública", recién anunciada por el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, podría afectar a millones de inmigrantes que viven en Estados Unidos con una residencia legal, pues analistas y críticos aseguran que generará división a familiar y problemas de índole humanitario en el país
El Político
La norma, que entrará en vigencia el próximo 15 de octubre, se extiende por 837 páginas de cambios. Que incluye una ampliación del concepto de "carga pública" a todo inmigrante que recibe cualquier beneficio social por más de 12 meses, durante un periodo de 36 meses. Y si alguien tiene dos beneficios, se cuenta como dos meses. Lo que limita el acceso a la residencia a un espectro mucho mayor de personas.
Antes, se consideraba como "carga pública" a la persona que por pobreza, problemas mentales o enfermedades crónicas, eran responsabilidad del Gobierno.
Ahora los inmigrantes de pocos recursos que reciban beneficios públicos como cupones de alimentos, cupones de vivienda, ayuda financiera o la asistencia médica Medicaid, se enfrentan con el hecho que sus tarjetas de residencia o visas sean denegadas, sin importar si ingresaron de forma legal a Estados Unidos.
Adicionalmente, los agentes de inmigración tomarán en cuenta factores como el nivel de educación, la edad, vocación al trabajo y la salud del individuo para determinar si existen probabilidades de que se convierta en carga pública en el futuro.
Los funcionarios federales defendieron la nueva regulación asegurando que "garantizará mejor que los extranjeros que buscan ingresar y permanecer en Estados Unidos, ya sea temporal o permanentemente, sean autosuficientes y dependan de sus propias capacidades y los recursos de los miembros de la familia, patrocinadores y organizaciones privadas en lugar de en recursos públicos".
De cuerdo con datos del Pew Research Center en 2014, la asistencia social es alta entre los "no ciudadanos" que tiene bajos niveles de educación y, a su vez reciben salarios bajos.
En entrevista para El Mundo, el abogado estadounidense Ricardo Rodriguez Vacas, señaló que el reglamento "Podría tener un efecto humanitario, porque habrá gente que se limitará a la hora de ir a un hospital público o a pedir cualquier tipo de ayuda social por temor a no poder renovar su residencia. Por ejemplo, una madre que no tiene dinero y tiene que alimentar a sus hijos podría no acceder a las ‘estampillas de comida’ (ayudas) y hacer que su familia pase hambre, por temor a ser considerada ‘carga pública'".
Esta no sería la única consecuencia, pues el jurista aseguró que la norma "podría dividir a muchas familias mixtas, integradas por ciudadanos y residentes". Esto pudiera ocurrir en los casos de padres extranjeros que viven con sus hijos nacidos en Estados Unidos y utiliza las ayudas públicas, cuando renueve su estatus corre el riesgo de ser clasificado como carga pública y ser deportado.
Anne Swerlick, del Florida Policy Institute, una ONG no partidista, afirmó al diario ‘Miami Herald’ que la ley "discrimina a las familias inmigrantes que tienen ingresos más bajos y hace que les sea muy difícil solicitar tarjetas verdes y varios tipos de visas. Esto cambia fundamentalmente el enfoque de EEUU respecto de la inmigración".
Como Swerlick, los defensores de los inmigrantes señalan que la regla afectará severamente a las personas de escasos recursos y fue pensada para favorecer a las personas con más dinero.
Según datos del Pew Research Center, en todo Estados Unidos residen legalmente aproximadamente 44,4 millones extranjeros, de los cuales más de 22 millones son residentes legales sin ciudadanía y tienen que renovar sus residencias para mantener su estatus legal, en el marco de las nuevas imposiciones de la Casa Blanca.
Esta semana, los condados de Santa Clara y San Francisco, en California, impusieron la primera demanda contra la normativa, señalando que darían más poder a los agentes federales para negar una residencia y perjudicaría el bienestar de sus ciudadanos y de los inmigrantes.
¿Cuáles son las excepciones?
Asilados, refugiados, víctimas de trata y víctimas de violencia doméstica están exentos de ser considerados "carga pública".
La normativa también descarta a los que se beneficiaron con la Ley de Ajuste Cubano, la Ley de Ayuda de Nicaragua y Centroamérica y la Ley de Equidad de Inmigración de Refugiados de Haití.
Fuente: El Mundo
