Las noticias que nos llegan de Brasil son en buena medida representativas del decepcionante saldo de un ciclo regional de presidencias que se iniciaron con grandes promesas de justicia social y mejor gobierno. Promesas más o menos creíbles, pero promesas al fin, cuyo más extremo incumplimiento se encuentra en Venezuela, como circula en estos días por el mundo en profusión de informes, estudios, documentales y reportajes. Con Venezuela en mente, volvamos a Brasil, que también ocupa mucho espacio en todos los medios.
Una primera mirada a los años transcurridos desde que en 2003 Luiz Inácio Lula da Silva asumió el poder revela una trayectoria en la que hay que reconocer el impacto que en la reducción de la pobreza y el crecimiento de la clase media tuvieron los programas sociales emprendidos por su gobierno y continuados por el de la sucesora seleccionada como candidata por él, Dilma Rousseff. Ahora, sin embargo, tras dos años de recesión, se ha hecho muy difícil no solo atender las expectativas generadas por las mejoras sociales, que era preocupación de no hace mucho, sino incluso detener su desmejora. Brasil acumula hoy tasas de decrecimiento, desempleo, inflación y déficit público que recuerdan sus vivencias de hace un cuarto de siglo, durante la década pérdida, solo que en el presente lo que se ha desperdiciado es una década de abundancia.
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En el ámbito político interior, los brasileños han padecido su propia versión de la desafortunada ola de reeleccionismo latinoamericano. Trece años y medio del Partido de los Trabajadores en el poder pasaron su factura en concentración de poder y corrupción, desprestigio y pérdida de apoyo. Esto, también conviene recordarlo, alentó el oportunismo de otros partidos, dirigentes políticos y empresarios que formal e informalmente, lícita e ilícitamente participaron en arreglos en los que se mezclaron los negocios y la política. En cumplimiento de la sentencia decimonónica de Lord Acton, se esparció una enorme mancha de corrupción que ha terminado salpicando a la meticulosa Rousseff, cuyo enjuiciamiento ha sido más político que jurídico, muy cargado con los lastres de la administración de Lula. Con todo, no deben olvidarse las muestras de independencia del poder judicial brasileño y las sentencias que han condenado a muy visibles figuras políticas del oficialismo y el mundo empresarial. Tampoco que, no obstante sus reservas a la causa en su contra, hasta ahora la presidente se ha sometido al procedimiento y sus consecuencias.
Afectada por ese cuadro interior, a la política exterior brasileña se le hizo difícil conciliar el protagonismo de la potencia emergente y los ostentosos compromisos internacionales de los que se jacta Lula, con la escala real de los desafíos que confronta nacionalmente. Eso vale especialmente para sus relaciones hemisféricas y los diversos foros y acuerdos en los que la diplomacia brasileña jugó a un cierto dejar hacer, sin comprometerse mucho con arreglos institucionales y con demasiado margen para los acuerdos personales y menos formales. El mandato de Rousseff, si bien internacionalmente más comedido, se desarrolló en la estela de ese estilo.
Entre los matices que hay que hacer entre la situación brasileña y las de otros de sus vecinos destaca el grado de institucionalidad y respeto al Estado de Derecho que, desde luego, coloca a Venezuela en el extremo del deliberado desacato gubernamental a la constitucionalidad.
Como noticias para el contraste, que pueden no hacer mucha gracia a los brasileños pero que en Venezuela sonarían a muy buenas nuevas, valga tomar nota de que Dilma Rousseff asistirá al Senado a finales de mes para asumir personalmente su defensa. En su carta pública de estos días a los senadores y a sus compatriotas ha objetado la justicia y legalidad del procedimiento, al que en todo caso se somete, ha reconocido la gravedad de la crisis política y anunciado su “apoyo irrestricto a la convocatoria de un plebiscito, con el objetivo de consultar a la población sobre la realización anticipada de elecciones”. En interesante coincidencia, también desde Brasil han llegado las declaraciones del canciller José Serra sobre Venezuela, impensables en boca del canciller del gobierno de Rousseff, sobre el referendo revocatorio: si no es en 2016, será una farsa completa.
Autora: Elsa Cardozo
Con información de El Nacional
