Una serie de reportajes realizados por el consorcio internacional de periodistas Organized Crime and Corruption Reporting Project (Occrp) reveló una red de empresas y propiedades en Estados Unidos de familiares del ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López, y un entramado corporativo construido por 35 generales de la Fuerza Armada, que recibieron 225 contratos con el Estado venezolano, según difundió elpitazo
El Político
El entramado familiar incluye empresas y bienes raíces valoradas en millones de dólares en Estados Unidos y Venezuela. La investigación pone al descubierto a lYarazedt Betancourt, esposa de Padrino López por 20 años y otros parientes.
Un dato a considerar es que Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) encontró que una de estas compañías es Trámites Consulares, Inc., una empresa registrada en Texas, en 2010, que se encarga de tramitar visas de asilo político para venezolanos víctimas de la persecución por los gobiernos de Chávez y Maduro.
Como se sabe, Occrp, organización global de periodismo de investigación que trabaja sobre criminalidad transfronteriza, es la responsable de la investigación que se desarrolló a lo largo de seis meses a partir de documentos internos la Fuerza Armada venezolana. Se demostró un esquema de lavado de dinero a gran escala y corrupción internacional.
Gary Kalman, experto estadounidense en temas de lavado de dinero y uno de los fundadores de FACT Coalition, organización que aboga por la transparencia corporativa, señaló a OCCRP que «un funcionario corrupto, después de ser sancionado por el gobierno de Estados Unidos, sigue siendo propietario y dirigiendo negocios a través de los miembros de su familia».
Club de los 35
Lo cierto es que Padrino López no está solo. OCCRP también encontró que 35 generales venezolanos crearon 42 empresas privadas habilitadas para trabajar con el Estado. Juntos han obtenido 225 contratos, a pesar de que en Venezuela está prohibido que los funcionarios hagan negocios con el gobierno.
De acuerdo con la investigación, los miembros del Club de los 35 se relacionan con 42 empresas privadas habilitadas para contratar con el Estado. Fueron fundadas en las últimas décadas y se concentran en sectores económicos clave como la construcción, la alimentación, el transporte y el petróleo. En total, obtuvieron 225 contratos a lo largo de los años. También se han involucrado en actividades tan diversas como la publicidad, la venta de equipos de salud, la importación de juguetes y el turismo.
Pedro Mendoza, un ex teniente de la Guardia Nacional Bolivariana, otra rama de las Fanb, destacó que “se ha convertido en una especie de doctrina militar que algunos oficiales creen una empresa”, dijo el oficial quien decidió abandonar su país en febrero de 2019 y cruzó la frontera hacia Colombia.
El militar describió la actitud de la administración Maduro hacia sus generales como: “Tú me proteges, me mantienes en el poder y yo te doy a ti la posibilidad de que tengas beneficios económicos”.
Occrp tuvo acceso a nóminas de la Fuerza Armada, que en Venezuela no son públicas, y muestran que un teniente gana en promedio 6,30 dólares mensuales, mientras que el salario de un general alcanza sólo 8,90 dólares. Esto contradice el estilo de vida que ostenta el Club de los 35.
El abogado de derechos humanos, Alonso Medina Roa, quien ha defendido a varios oficiales acusados de rebelarse contra el gobierno de Maduro, dijo que "no ha habido voluntad para revisar qué está pasando con esos oficiales que están vinculados a un sector político y que manejan enormes cantidades de dinero”.
Lo cierto es que la información sobre las compañías vinculadas a los generales viene del Registro Nacional de Contratistas (RNC), al que las empresas se supone deben afiliarse para obtener contratos con el Estado.
Hay que resaltar que hasta hace tres años, una multitud de datos estaban a disposición del público, incluyendo la dirección de las empresas, la identidad de los accionistas, de los socios y de los miembros de la junta directiva, así como detalles de los contratos públicos de dicha empresa.
Sin embargo, en agosto de 2017 la dictadura de Maduro limitó seriamente la información del RNC, y ya no es posible saber qué personas tienen vínculos con las empresas contratistas ni qué contratos han obtenido. De la noche a la mañana, Venezuela se volvió casi tan opaca como una jurisdicción offshore.
Con información de: elpitazo
