Según cifras de Movimiento Vinotinto, en Venezuela siete personas han sido acusadas de instigación al odio en el contexto de la pandemia de coronavirus por expresar su opinión o publicar información.
El médico ginecólogo Luis Araya fue detenido por la Dgcim el 15 de abril por publicar en un estado de WhatsApp una crítica contra el gobierno de Nicolás Maduro y la falta de equipos de protección del personal de salud para tratar los casos de COVID-19
Luis Araya tiene más de cinco años denunciando la escasez de insumos médicos y el déficit de personal en el hospital de Carora, Estado Lara. Foto: Cortesía Provea
Carora.- El ginecólogo Luis Araya, es médico adjunto del Hospital Pastor Oropeza Riera, fue imputado por instigación al odio en la audiencia de presentación realizada el jueves 16 de abril en los tribunales de Carora, estado Lara.
Araya fue detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) el 15 de abril por publicar una crítica contra el gobierno de Nicolás Maduro y la falta de equipos de protección del personal de salud para tratar los casos de COVID-19 en un estado de WhatsApp.
“El colega Luis Araya está en libertad –condicional– bajo régimen de presentación. Seguimos luchando día a día contra el coronavirus, pero también contra un régimen que quiere coartar nuestras libertades”, expresó el presidente del Colegio de Médicos del estado Lara, René Rivas al cierre de la audiencia de presentación.
Luis Araya fue asistido por la organización Foro Penal y el Colegio de Médicos del estado Lara. La Red de Derechos Humanos exigió su libertad plena.
La Ley contra el Odio, es una ley aprobada por unanimidad por la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela y publicada en la Gaceta Oficial Nº 41.274, del 8 de noviembre de 2017.
La Asamblea Nacional declaró nula la Ley constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia, promulgada por la asamblea nacional constituyente “en rechazo al instrumento generador de odio e intolerancia promovido por Nicolás Maduro y la fraudulenta constituyente”, establece que el mecanismo legal viola los artículos 202, 49, 51, 57, 58, 62 y 68 de la Constitución; los artículos 6, 11, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos 18 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El abogado Manuel Virgüez, director de la organización no gubernamental (ONG) Movimiento Vinotinto, señaló que a Araya le impusieron una medida cautelar de presentación cada 30 días. Reiteró que fue objeto de una detención arbitraria.
“Destaca el hecho de que la familia tuvo más de cinco o seis horas sin saber de su paradero. Esa es una práctica que nosotros como organización tenemos que condenar porque no es correcto que una persona sea incomunicada, tiene derecho a tener acceso a sus familiares y abogados desde el primer momento de su detención”, declaró.
El régimen de Nicolás Maduro utiliza la Ley del Odio para perseguir a quienes critiquen al gobierno o protesten contra los malos servicios públicos.
Freddy Bernal, un policía metropolitano a quien Nicolás Maduro nombró en un cargo no legal, como protector del Táchira, dijo: “Toda persona que ha llamado por videos a alterar el orden público, a dar muestras de odio y llamar al levantamiento de la población en estos momentos están detenidos e imputados por la Ley del Odio. He ordenado la detención de todos y cada uno de ellos. Ya ustedes no verán esos videos, porque están en la cárcel (¿?) No lo vamos a permitir. No es tiempo de guarimbas, no es tiempo de payaseos, ni es tiempo de sabotear una acción de protección de la ciudadanía. De esas características hay cinco”, dijo mientras hablaba de los videos. Aseguró que les aplicarían todo el peso de la Ley
Otro caso es el del periodista Arnaldo Sumoza y los dos dirigentes del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), Lisette Rodríguez y Jean Franco Rocha, fueron excarcelados anoche tras ser detenidos durante una protesta que hubo por falta de agua en El Sombrero del estado Guárico. No quedaron totalmente en libertad, porque les dejaron medidas de presentación cada 60 días ante los tribunales
