Un juzgado de Madrid investiga la presunta financiación ilegal y el control de sus fondos del partido que lidera Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del gobierno español, tras evidencias de negocios con Irán, Bolivia y Venezuela
El Político
En sus seis años y medio de vida oficial, las dudas sobre su financiación y manejo de fondos de Podemos han sido continuas.
Preguntado por la causa penal sobre las cuentas de su partido recién abierta en un juzgado de Madrid, Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del gobierno español, afirmó que estar bajo investigación era el estado natural de su partido Podemos y que el asunto quedaría en nada.
En esa lista de sospechas las hay tanto antiguas (antes de su fundación) como recientes; que alcanzan a dirigentes concretos o que afectan a la estructura del partido en general; que provienen de denuncias internas o que tienen su origen fuera de España, pues el lema parece ser Podemos hacer lo que sea para conseguir dinero
El dinero de Irán
La información más reciente la ha aportado el diario El Mundo y arroja datos precisos sobre la posible financiación de Podemos desde Irán. En tres ocasiones, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sebplac) envió a la policía informes sobre movimientos financieros opacos procedentes de Irán de los que resultaba beneficiaria la sociedad 360 Global Media, dirigida por el iraní Alizadeh Azimi Mahmoud.
La sociedad canalizaba los fondos hacia los programas emitidos en la iraní Hispan TV, como Fort Apache o La Tuerka. El dinero llegaba así a los presentadores, Iglesias, principalmente, y a las productoras vinculadas también a Podemos. Además de servir de catapulta mediática, la actuación suponía una inyección de fondos en un periodo en el que se estaba fraguando el nacimiento del partido.
Irán habría transferido al menos 9,3 millones de euros a 360 Global Media. Según los datos del Sebplac, el hoy vicepresidente segundo del Gobierno habría recibido directamente 93.000 euros sólo entre 2013 y 2015. Colaboró otro lustro.
Los datos fueron examinados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía ante una posible financiación ilegal, pero las pesquisas no condujeron a una denuncia por las Fuerzas de Seguridad o la Fiscalía. Sí lo hizo ante el Tribunal Supremo el sindicato Manos Limpias, pero tanto esa querella como otras posteriores en la misma línea fueron inadmitidas por el Alto Tribunal.
Al margen del frente penal, en el estrictamente político, Iglesias no vio nunca problema en los fondos iraníes: "La geopolítica es así y no vamos a ser los únicos imbéciles que no hagamos política cuando todos hacen política", declaró en una intervención pública.
Asesorías en Venezuela
El primer escándalo que saltó sobre financiación de Podemos provino de otro hemisferio y se centró en el Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), que aglutinaba a dirigentes del partido en ciernes como Iglesias, Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero y Luis Alegre.
Entre 2004 y 2012 el gobierno de Venezuela transfirió al CEPS) 3,9 millones de dólares por conceptos variados. Principalmente, el de asesoría política, aunque también hubo 150.000 euros del chavismo para Alegre por el premio Libertador al Pensamiento Crítico. La Asamblea de Venezuela estimó más tarde que el dinero transferido al CEPS se elevaba a 7,2 millones.
Trabajos en Bolivia
El gobierno del boliviano Evo Morales también surge tras los dirigentes de Podemos y la financiación del partido. Según desveló el diario El Mundo, entre 2017 y 2018, el ex presidente boliviano pagó 1,3 millones a dedo a la consultora estrechamente vinculada a Podemos por 169 minivídeos para las redes sociales.
Según el nuevo gobierno de ese país, Morales articuló un sistema opaco de contratos con la consultora Neurona Consulting para esconder un desvío masivo de fondos al partido de Iglesias.
Apenas tres meses después de los pagos, la empresa desembarcó en España y se puso a trabajar para las campañas de Podemos. De la misma forma que la Asamblea venezolana intentó indagar en los pagos a CEPS, la Fiscalía de Bolivia ha pedido interrogar sobre el asunto a, entre otros, Iglesias, Monedero y Errejón.
Las sospechas sobre Monedero
En ocasiones, las sospechas se han centrado en un dirigente en particular. Es el caso del omnipresente Juan Carlos Monedero. Recibió 425.150 euros por elaborar para Bolivia, Nicaragua, Venezuela y Ecuador un informe sobre cómo acuñar una moneda común.
Cobró a través de una sociedad instrumental (Caja de Resistencia Motiva2) y lo declaró a Hacienda a través del Impuesto de Sociedades y no como debía, es decir, como Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Nunca quedó claro qué había detrás de tan generoso emolumento en 2013 por un trabajo supuestamente desarrollado entre 2010 y 2014 (año de fundación del partido) del que nadie tenía noticia. Monedero jugó al gato y al ratón con las notificaciones de Hacienda y sorteó la investigación al regularizar la situación in extremis, abonando unos 200.000 euros.
"Nueva forma de algo viejo"
El Tribunal de Cuentas, que es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público, también ha examinado la actuación de Podemos. Revisó la información sobre los ingresos de Irán, sin que cuajara ninguna actuación. Pero también indagó en la financiación del partido mediante Crowdfunding.
En un informe, el organismo exhibió las incoherencias y deficiencias en la recaudación de 100.000 euros a través de las microdonaciones para las elecciones europeas de 2014. No había cumplido las reglas sobre financiación de partidos. De esa cantidad, la mitad fue aportada por personas o entidades que no fueron identificadas correctamente. Eran "nuevas formas de algo muy viejo", resumió el entonces presidente del tribunal, que también pidió justificar gastos de las elecciones generales del 28-A por un valor de 1,6 millones.
Posibles delitos de malversación
La principal preocupación en Podemos está hoy en día en el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid. Allí el juez examina un atestado que la Guardia Civil elaboró tras recibir una denuncia de José Manuel Calvente, el ex abogado del partido. El letrado sostuvo que su despido respondía a sus avisos internos de que se estaban produciendo numerosas irregularidades.
Ante el diario El Mundo, por ejemplo, denunció que había detectado el pago de "sobresueldos", "unos 900 euros al mes (600 en nómina y el resto en negro) del tesorero y de la gerente del partido". También que se realizaban pagos "sin presupuesto aprobado" y que se había bloqueado la información en el portal de transparencia. Calvente también denunció el descontrol en caja de solidaridad de Podemos, donde los dirigentes ingresan sus aportaciones.
La Guardia Civil ve posibles delitos de malversación de fondos públicos y administración desleal. El primero podría ser atribuido tanto a personas concretas como a la propia formación como persona jurídica.
Dirigentes del Podemos insisten, como Iglesias, en que esta causa tampoco llegará a nada. Aunque el líder del partido añade a ese pronóstico la advertencia de que el archivo no es el final. Lo hace con una frase sobre la que, aunque por motivos muy distintos, también habría consenso: "Esta situación se va a seguir produciendo".
"Irregularidades financieras, en primarias y en consultas"
En diciembre del año pasado, Mónica Carmona Segura, la responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos, desveló en una carta enviada a la dirección nacional del partido sus hondas sospechas de "irregularidades financieras, en materia laboral y de limpieza en la realización de consultas y primarias" dentro de la formación de Pablo Iglesias, "que de confirmarse pondrían en cuestión los elementales centrales" de su "legitimidad como organización".
Además recalcó que "se verían envueltos varios cargos internos" del partido con posibles "acusaciones penales" para "algunos miembros de la Ejecutiva".
Según alerta en dicha carta, catalogada como "confidencial" y dirigida a los miembros del Consejo Ciudadano Estatal, la respuesta que se ha encontrado por parte de la Ejecutiva de Pablo Iglesias ha sido la de apartar a los dos abogados de Podemos que estaban llevando a cabo una investigación interna para esclarecer estas "graves irregularidades en materia de Protección de Datos y de Cumplimiento Normativo Penal".
Despidos por investigar
El abogado José Manuel Calvente, que era Delegado de Protección de Datos de Podemos, ha sido despedido y ella misma, la responsable del departamento auditor, ha visto como la Ejecutiva aprobó el día 2 de diciembre elevar al Consejo Ciudadano su sustitución en el cargo.
"En los últimos meses se han producido una serie de irregularidades muy graves que podrían comprometer seriamente al partido como entidad jurídica desde un punto de vista penal, administrativo y reputacional, por lo cual tanto el Delegado de Protección de Datos don José Manuel Calvente como yo como Responsable de Cumplimiento Normativo habíamos iniciado expedientes internos de investigación para aclarar los hechos y defender al partido ante una posible reclamación", explica Mónica Carmona en la misiva enviada a la dirección de Podemos.
"Estamos hablando de irregularidades financieras, en materia laboral y de limpieza en la realización de las consultas y primarias del partido que de confirmarse pondrían en cuestión los elementales centrales de nuestra legitimidad como organización", describe la auditora de Podemos. Hechos que podrían acarrear infracciones penales o administrativas para dirigentes y miembros destacados del partido morado.
La abogada denuncia que en lugar de permitirles llevar a cabo una investigación "honesta, discreta y profesional de las irregularidades detectadas", se ha desatado "un grave acto de represalia y posibles coacciones" que ha culminado con el cese de José Manuel Calvente y con el intento de relevo con la excusa de "reorganizar los equipos" de ella misma.
"Si finalmente resultara la existencia de delitos, se podría considerar que los acuerdos del Consejo de Coordinación, o sea, la Ejecutiva que lidera Pablo Iglesias, se considerarían un intento de ocultación de pruebas y un delito de encubrimiento", advierte sobre las maniobras para apartarles a los dos, hecho que finalmente ocurrió.
(Con información del diario El Mundo)
