Nicolás Maduro admitió en 2018 que el chavismo había fracasado en la administración de las empresas estatales.
El Político
«Los modelos productivos que hasta ahora hemos ensayado han fracasado y la responsabilidad es nuestra«, expresó el 30 de julio de 2018 en un congreso del partido oficialista PSUV.
El año pasado los altos funcionarios del régimen de Maduro confirmaron que existe un proceso de reprivatización y que se han estado reuniendo con empresarios del sector privado, pero en ningún momento han detallado cuáles son las empresas que están soltando.
Al respecto, Delcy Rodríguez señaló que «hemos sostenido muchos encuentros con empresarios privados de distintos sectores», afirmó recientemente la vicepresidenta y ministra de Economía y Finanzas de Maduro.
Por su parte, Rafael Calles, gobernador del estado Portuguesa, afirmó el 27 de diciembre que la entidad ya ha visto «el fruto de las alianzas estratégicas suscritas con el sector privado», las cuales «garantizan un fondo mensual de 60.000 dólares» a la entidad.
Detalló que «un fondo de 60.000 dólares al mes, producto de que 24 empresas públicas, entre ellas 12 agroindustrias, un hotel y la planta de servicios de mecanización agrícola Pedro Camejo, aportan al Ejecutivo regional del 5 al 15% de su ganancia neta mensual; recursos que se reinvierten en las comunidades, especialmente en transformadores y bombas de agua que son las necesidades más sentidas del pueblo portugueseño».
Para avanzar en su estrategia, el régimen de Maduro ha asegurado que la ley antibloqueo garantiza que se puedan establecer acuerdos entre el Estado y el sector privado «para crear riqueza» a pesar de las sanciones internacionales, que prohíben, entre otras cosas, que empresas extranjeras hagan negocios con el Estado venezolano.
La ley antibloqueo es una normativa aprobada por la oficialista asamblea constituyente. Le otorga poderes extraordinarios a Maduro supuestamente para evadir las sanciones y «estimular la inversión nacional y extranjera en el país», incluyendo la participación o compra de activos que se encuentren bajo administración o gestión del Estado.
Opacidad propia del chavismo
De acuerdo con el trabajo publicado por Talcualdigital, la norma también autoriza a las máximas autoridades de los órganos y entes públicos a «otorgar el carácter de reservado, confidencial o de divulgación limitada a cualquier expediente, documento, información, hecho o circunstancia» para que no se vea «afectada la eficacia de las medidas». Declara «secreto y reservado» cualquier procedimiento, acto y registro.
Agrega que "la opacidad ha marcado los procesos de transferencia de patronos, lo cual no es nuevo en las operaciones del gobierno. Se desconocen detalles como los montos de venta de las plantas y quiénes son los inversionistas y nuevos dueños. Se ha conocido de la reprivatización de algunas empresas debido a las notificaciones a último minuto que hacen a los trabajadores."
Lo cierto es que los procesos de reprivatizaciones se han dado de una forma completamente distinta a las expropiaciones, anunciadas por Chávez y Maduro, con pecho inflado de orgullo, en actos públicos transmitidos en cadenas de radio y televisión.
Ana Carrasquero, investigadora del Observatorio de Derechos de Propiedad de Cedice Libertad, señala que, efectivamente, no ha habido una explicación y justificación de los «movimientos privatizadores» como parte de una política comunicacional. «La diferencia de hacerlo mediante una política de restitución y reparación de la propiedad privada es llevar adelante actos públicos de exposición del contenido y finalidad de esa política, explicar costos, beneficios, principios y valores a los que responde, medidas para evitar la corrupción y los privilegios en su ejecución. Nada se eso está ocurriendo y por los antecedentes históricos, tampoco lo veremos».
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— La Tabla (@latablablog) January 3, 2021
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