Mientras que al gobierno de Colombia la Corte Penal Internacional (CPI) le cerró el expediente, al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela le abrió una investigación formal, entre otras cosas, por crímenes de lesa humanidad, lo cual sienta un precedente histórico en América Latina. En efecto, A la Fiscalía del organismo multilateral representada por el magistrado Karim Khan, en adelante le corresponde evaluar si existen fundamentos de hecho y de derecho suficientes para abrir una investigación que pueda conducir a un juzgamiento de alguna de las conductas criminales competencia de la CPI. Pasar a la fase de investigación significa que la Fiscalía considera que existen esos fundamentos en el caso Venezuela.
El Político
La revista colombiana Semana en su sitio Web despliega un amplio análisis sobre la situación. Comienza con aclarar que aún se trata de una fase de investigación, en la que no se han imputado cargos ni se ha iniciado juicio alguno. Sin embargo, la fase de investigación puede conducir a una solicitud de comparecencia de los posibles responsables, o incluso a una orden de detención.
La revista hizo una consulta con Carlos Arévalo, expresidente de la Academia Colombiana de Derecho Internacional y profesor de la Universidad de la Sabana. Este explica que en la fase de examen preliminar, que era en la que estaban tanto Colombia como Venezuela, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional evalúa si existen fundamentos de hecho y de derecho suficientes para abrir una investigación. Y que la misma pueda conducir a un juzgamiento de alguna de las conductas criminales competencia de la CPI. Pasar a la fase de investigación significa que la Fiscalía considera que existen esos fundamentos en el caso de Venezuela.
Considera además que existe una diferencia notable con Colombia. Allí la decisión de archivo se motivó en la solidez e independencia de su sistema judicial, con la JEP a la cabeza en las investigaciones de conflicto. Y que la falta de independencia de la Fiscalía y los jueces en Venezuela fue uno de los criterios que seguramente más pesaron en la apertura de la investigación.
? Fiscal de la corte penal internacional, Sr. #KarimAAKhanQC & Su Excelencia @NicolasMaduro, Presidente de la República Bolivariana de #Venezuela, firma una Carta de Entendimiento para facilitar la #cooperación y la asistencia mutua.Para obtener más details, lea a continuación⤵️ pic.twitter.com/t0NfZFfZpk
— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) November 4, 2021
Maduro en la lupa de la justicia internacional
El ex canciller y decano de Relaciones Internacionales del Rosario, Julio Londoño Paredes, asegura que la decisión de la CPI es un asunto con carácter simbólico y político. Pero que este organismo tardará muchos años en pasar a una siguiente fase, como lo han demostrado otros procesos en el mundo que se adelantan ante esa jurisdicción.
“Naturalmente eso no le gusta al mandatario venezolano, pero por el momento no tiene efectos prácticos de ninguna clase. Ni siquiera se ve viable que se concrete la posibilidad de que los fiscales de la CPI tengan las puertas de los despachos de Venezuela abiertos”, sostiene.
Acerca del proceso, Semana también consultó la opinión del abogado venezolano experto en derechos humanos Zair Mundaray. Este es su parecer: “La CPI es el único espacio real que mueve los cimientos del poder en Venezuela. Es a lo único que le temen. En este momento hay una euforia colectiva porque se abrió una puerta, pero no hay que olvidar que muchos querrán cerrarla”.
La decisión fue celebrada también por el presidente interino, Juan Guaidó. Comentó: “Existen fundados indicios de que se han cometido delitos de lesa humanidad. Es decir, se cometen atrocidades como política de Estado. Lo que implica que altos mandos están involucrado. La CPI es un club en el que nadie quiere estar”.
Y a este mismo furor se sumó el político también venezolano en el exilio Antonio Ledezma: “Con nuestras gloriosas notas del Gloria al bravo pueblo tenemos que sentir la satisfacción de que la lucha que ha dado el pueblo venezolano. Y los sacrificios de los venezolanos que perdieron la vida luchando por recuperar la libertad no son en vano”.
#EnVivo ? | Firma del Memorándum de entendimiento entre la República Bolivariana de Venezuela y la CPI. https://t.co/eBDCTrRLto
— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) November 3, 2021
Lo que sigue
La CPI también tiene información y solicitudes de decenas de organizaciones sociales en Venezuela que por años han documentado los abusos del régimen. Lo que viene para Venezuela es lo siguiente. El Gobierno tiene 30 días para presentar una solicitud de revisión de esa decisión. Se anticipa que esta será rechazada por la CPI. A su vez, este organismo tiene también que presentar un informe en el que da algunos detalles de su decisión.
En este punto, la CPI comienza a llamar testigos. Todo el material es confidencial y lo único que se puede saber es que los casos deben ser de hechos cometidos después de 2017. Seguramente una de las fuentes de la CPI serán los centenares de políticos y funcionarios judiciales refugiados en terceros países. Entre ellos siempre se ha hablado de la ex fiscal Luisa Ortega, quien tuvo una huida de película de ese país y vivió aislada en Colombia antes de radicarse en España.
Todo este proceso se hará muy discretamente y como han anticipado todos, tomará mucho tiempo. Pero, por ahora, le ha dado una bocanada de oxígeno a los millones de personas que han sufrido por los abusos de Maduro. Y Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, lo resume bien en una frase de una entrevista que dio al diario El Nacional: “La decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional, señor Karim Khan, es la mayor esperanza de justicia para las víctimas de atrocidades cometidas por agentes del Estado”.
Fuente: Semana
