El domingo pasado se cumplió una semana de las elecciones regionales y municipales en Venezuela. Sin embargo, aun no había sido determinado el ganador de los comicios en Barinas, estado en los Llanos occidentales del país. El demorado conteo terminó en un margen muy ajustado entre el gobernador chavista actual, Argenis Chávez, y su principal contrincante opositor, Freddy Superlano.
Y de pronto… El Tribunal Supremo de Justicia, lleno de jueces afines al régimen, suspendió el escrutinio. También ordenó repetir las elecciones en el estado y prohibió a Superlano participar. Todo esto aduciendo que Superlano estaba “inhabilitado” de entrada.
Así, se esfuma cualquier expectativa, por mínima que haya sido, de que los comicios del 21 de noviembre marcarían el inicio de una liberalización de la política venezolana. Al contrario, el chavismo reafirma su hegemonía absoluta, sin importar cuál sea la voluntad de los ciudadanos.
Un paso adelante y dos atrás
Freddy Superlano estuvo entre los diputados a la Asamblea Nacional, opositores todos, a los que se les abrieron procesos criminales ampliamente consideraos arbitrarios. Sin embargo, en agosto de 2020, Nicolás Maduro los indultó a él y a otro centenar de disidentes.
Adicionalmente, como producto de las conversaciones entre el chavismo y la oposición en México, se decidió omitir que 17 candidatos opositores a las elecciones de noviembre están inhabilitados. Superlano no fue incluido en esa lista. Pero, considerando este pacto y el indulto anterior de Maduro, se pensó que las inhabilitaciones arbitrarias no volverían en esta elección.
En efecto, Superlano y los nombres incluidos en el acuerdo en México pudieron inscribir sus candidaturas sin problemas. Hicieron sus campañas, recibieron sus votos… Hasta que llegó el momento de contar los votos en Barinas. Superlano ganó por estrecho margen, pero el TSJ invocó una inhabilitación supuestamente emanada de la Contraloría General el pasado 17 de agosto.
Ninguno de los otros opositores a los que se les permitió lanzar candidaturas, pese a sanciones previas, tuvo esa misma suerte súbita. Por otro lado, ninguno de ellos ganó su respectiva elección.
Todo este intríngulis indica que el régimen sigue indispuesto a dejar de manipular las condiciones electorales a su conveniencia. La oposición no cuenta con ninguna garantía de que su voto será reconocido. Nada nuevo, realmente. Tan pronto como la Asamblea Nacional cayó en manos de la oposición, el Tribunal Supremo de Justicia le confiscó sus menciones. A estados y municipios que la oposición ganó les impusieron gobiernos paralelos designados por Maduro.
Esto es algo que los adversarios del chavismo tendrán que tener en cuenta de cara a futuros procesos electorales. Ya hay algunos que instan a convocar un referéndum revocatorio contra Maduro. O que tienen el ojo puesto en las elecciones presidenciales de 2024. Pero si el régimen no quiso reconocer el triunfo de un opositor en un estado, la probabilidad de que se comporte de mejor manera en comicios presidenciales es mínima.
De manos atadas
En su informe preliminar sobre las elecciones venezolanas, la Misión de Observación de la Unión Europea constató inhabilitaciones arbitrarias. Al mismo tiempo, la misión detectó una “mejora” en las condiciones con respecto a procesos anteriores. A saber, que por primera vez en años el administrador y árbitro, el Consejo Nacional Electoral, tiene entre sus cinco rectores a dos que son independientes de la elite gobernante. Pero también admitió que aunque estos rectores denuncian los vicios del sistema, no tienen el poder para sancionarlos.
Esto quedó de manifiesto con el caso de Superlano. Uno de los dos rectores en cuestión, Roberto Picón, emitió un comunicado aduciendo que el CNE nunca fue notificado sobre la inhabilitación del candidato, y por eso permitió su inscripción. El otro, Enrique Márquez, alertó que la decisión del TSJ “podría menoscabar las atribuciones del CNE”.
Pero ambos se pronunciaron de forma individual. El CNE como institución, en cambio, se limitó a acatar la orden del TSJ de repetir las elecciones en Barinas. El Poder Electoral demuestra así que sigue condicionado a las decisiones de la elite gobernante. Dos rectores sin poder propio no cambian eso, aunque algunos en Venezuela trataron de presentarlo como un avance hacia un árbitro justo.
