El cerco judicial se estrecha sobre el expresidente Donald Trump, con la incógnita de si el fiscal presentará cargos y cuándo.
El Político
Ningún presidente de Estados Unidos ha sido acusado de delitos, tras dejar el cargo. Richard Nixon tenía todas las papeletas por el caso Watergate, de cuyo estallido se acaban de cumplir 50 años.
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Pero Gerald Ford, su sucesor, le indultó preventivamente, en una impopular decisión que contribuyó a que perdiese las elecciones de 1976 contra Jimmy Carter.
Ahora, el cerco judicial se estrecha contra Donald Trump. Los indicios contra él son abundantes. Un atestado o afidávit de 38 páginas ha servido para justificar una orden de registro de Mar-a-Lago, su mansión en Palm Beach.
El juez lo ha publicado este viernes, junto a otros documentos con 599 líneas tachadas. La información que desvela y, sobre todo, la que oculta, amenazan con llevar al expresidente ante un tribunal por varios posibles delitos.
#EEUU | Una juez se plantea admitir la petición de Trump de abrir una revisión independiente de los documentos incautados por el FBI en el asalto a su casa dadas las "excepcionales circunstancias" del caso https://t.co/KzNbpPHzKQ
— La Gaceta de la Iberosfera (@gaceta_es) August 29, 2022
¿Reviviendo un escándalo?
La tarde del 8 de agosto, cuando Trump desveló que su mansión estaba siendo registrada por el FBI, comparó disparatadamente esa entrada con el asalto a las oficinas demócratas del Watergate.
Otro 8 de agosto a esa misma hora. Pero de hace 48 años, Nixon ultimaba el discurso con el que anunció su dimisión, tras verse acorralado.
La resistencia de Nixon a facilitar los documentos y las grabaciones de las conversaciones que le incriminaban fue precisamente lo que dio lugar después a la aprobación de la ley de registros presidenciales de 1978.
Ley que declara de propiedad pública todos los documentos, informes, fotografías, notas y demás registros que el presidente maneja en el ejercicio de su cargo. Le obliga a conservarlos y custodiarlos y entregarlos a los Archivos Nacionales al cesar.
Trump nunca hizo demasiado caso a esa norma, que está en el origen de este caso. Durante su presidencia se cuenta que rasgaba papeles que sus colaboradores iban recogiendo y recomponiendo con cinta adhesiva.
También se ha publicado que tiraba al retrete de la Casa Blanca algunas de sus notas para deshacerse de ellas.
Los funcionarios federales señalaron las 15 cajas que la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA) obtuvo previamente de Trump en febrero como prueba de que podría haber más documentos por descubrir https://t.co/7EIX3eLK86
— Casto Ocando-Primer Informe (@cocando) August 29, 2022
Una mudanza que compromete
Cuando Trump cesó en enero de 2021 en una tormentosa transición de poderes, se llevó a su mansión de Mar-a-Lago decenas de cajas con documentos presidenciales.
Eso dio lugar a un tira y afloja con la Administración Nacional de Archivos y Registros (la NARA o los Archivos Nacionales), que le pidió que entregase esos documentos ya en mayo de 2021.
Un expresidente que se saltaba la ley a la torera, y constituía una situación embarazosa. Pero en sí misma la ley de registros presidenciales no es una norma penal.
Incumplirla como tal no es un delito y la NARA tuvo que armarse de paciencia para reclamar lo que pertenecía.
Los Archivos Nacionales advirtieron de que alertarían al Congreso o al Departamento de Justicia de la situación y Trump accedió finalmente a entregar 15 cajas, que fueron recibidas por los Archivos el 18 de enero de este año.
#29Ago ? | Trump pide a un tribunal que impida el FBI revisar los documentos recuperados de su mansión en Florida https://t.co/rzqoKr2Ysx
— Sumarium (@sumariuminfo) August 29, 2022
Documentos clasificados
Los Archivos confirmaron a principios de año, a través de un comunicado, que entre la documentación devuelta se incluían papeles que habían sido rasgados por el expresidente, de los que algunos estaban pegados y de otros solo quedaban pedazos.
La sorpresa fue que, al examinar esas cajas, había “un montón de documentos clasificados”, algunos sin carpeta y mezclados con otros documentos, según comunicó al Departamento de Justicia el 9 de febrero pasado.
La NARA también informó en una carta al Congreso que había identificado información clasificada de seguridad nacional en las cajas.
El comité de acción política de Trump contestó que los Archivos no habían “encontrado” nada, que simplemente habían recibido lo que habían pedido en un proceso que calificó de “ordinario y rutinario”.
El FBI analizó las cajas con detalle entre el 16 y el 18 de mayo pasados. En ellas había 184 documentos clasificados.
De ellos 67 marcados como confidenciales; 92, como secretos, y 25 como alto secreto, incluidos algunos con señales adicionales. Que indicaban contenido muy restringido o información sobre fuentes clandestinas de inteligencia, según ha revelado ahora el atestado.
Catorce de las 15 cajas recuperadas de la finca de Donald Trump en Florida contenían documentos confidenciales, muchos de ellos ultrasecretos, mezclados con periódicos, revistas y correspondencia personal, aseguró el FBI. https://t.co/lhYFvOqTbg
— Proceso (@proceso) August 27, 2022
¿Faltan archivos?
El FBI investigó y llegó a la conclusión de que Trump no había entregado todos los documentos. Los detalles de esa investigación están tachados.
Pero sí se menciona que incluyen un “significativo número de testigos civiles”. También hubo vigilancia sobre el terreno y un requerimiento para hacerse con las grabaciones de las cámaras de seguridad de Mar-a-Lago.
Eso llevó primero a un requerimiento para que Trump entregase todos los documentos que aún tenía en su poder. Pero al ser desatendido, el FBI decidió solicitar el registro de Mar-a-Lago.
“Existe causa probable para creer que otros documentos que contienen Información de Defensa Nacional clasificada o que son documentos presidenciales sujetos a requisitos de retención de registros permanecen actualmente en las instalaciones.
También hay causa probable para creer que se encontrarán pruebas de obstrucción”, decía el agente especial del FBI, quien firmó el afidávit para solicitar la orden de registro.
La orden de registro y el inventario de bienes incautados, publicados hace dos semanas, desvelaron que se investiga a Trump por tres posibles delitos. A saber: obstrucción a la justicia, ocultación, remoción o mutilación dolosa de documentos públicos y violaciones de la ley de espionaje, aparentemente por la retención de documentos de seguridad nacional.
Otra primera plana inédita hoy en EEUU, una vez más relacionada con Trump y su gestión. Cientos de documentos clasificados sustraídos ilegalmente, y eso podría ser solo la punta del iceberg. Este hombre fue y será siempre una amenaza a la seguridad de su país -y para el mundo. pic.twitter.com/Rjc1RNz7or
— Arturo Sarukhan (@Arturo_Sarukhan) August 27, 2022
¿Habría delito?
Son delitos castigados con multa o penas de cárcel. En el registro incautaron 11 juegos de documentos confidenciales.
Un juego de ellos está clasificado como “alto secreto/información compartimentada sensible”; otras cuatro series son de documentos considerados “alto secreto”. Tres juegos son de documentos secretos y otros, tres, confidenciales.
La lista no ofrecía detalles de qué materias trataban esos documentos clasificados.
Los tachones del afidávit se corresponden con cinco tipos de información. Lo primero, “proteger la seguridad de múltiples testigos civiles”, dice un documento del Departamento de Justicia, que explica las razones para ocultar partes del documento.
“Si las identidades de los testigos quedan expuestas, podrían ser objeto de perjuicios como represalias, intimidación o acoso, e incluso amenazas a su seguridad física.
Como el Tribunal ya ha apreciado, estas preocupaciones no son hipotéticas en este caso”, argumenta.
En segundo lugar, preservar el caso: “El afidávit está repleto de detalles adicionales que proporcionarían una hoja de ruta para cualquiera que pretenda obstruir la investigación”. Una frase preocupante para Trump.
En tercer y cuarto lugar, información sobre el gran jurado y sobre los agentes que investigan el caso. Y, por último, información sobre terceros “que podría perjudicar los intereses de intimidad y reputación de estas personas si se divulgan”. El documento pone ejemplos, pero también están tachados.
Trump sostiene que todo se trata de una “caza de brujas”, una acción de “piratas y matones” con fines políticos.
Junto a sus abogados, ha disparado en todas direcciones para defenderse. Por un lado, dijo que se llevó los documentos “sin saberlo”.
Por otro, sugirió que le estaban “plantando” pruebas. Luego argumentó que su antecesor, Barack Obama, tenía en su poder millones de documentos de su presidencia en Chicago, lo que motivó un contundente desmentido de los Archivos Nacionales.
Sus abogados también han dicho que la ley de registros presidenciales no es de carácter penal y, por tanto, no recoge delitos que puedan justificar un registro. Eso es cierto, pero los delitos que se investigan no corresponden a esa ley.
Joe Biden habló al respecto de los documentos privados que Donald Trump se llevó a su residencia, y comentó cómo es el protocolo que él sigue cuando lleva información confidencial a su casa. #MegaTV #sbs #noticias pic.twitter.com/gIZHzcd9nd
— MegaTV (@MegaTVLive) August 27, 2022
Las burlas de Biden
En diferente grado, han intentado otra línea de defensa poco sólida. Sus abogados señalaron en una carta que el presidente tenía poder para desclasificar cualquier documento (sin afirmar que los hubiera desclasificado).
Trump luego dijo en su red social que “está todo desclasificado”, sin aportar justificación alguna de ello, en lo que parecía una justificación sobrevenida.
El presidente Biden, que hasta ahora ha intentado no opinar sobre el asunto. No pudo contenerse el pasado viernes y se burló de esa excusa, parafraseando a Trump: “bueno, solo quiero que se sepa que lo he desclasificado todo en el mundo. Soy el presidente y puedo hacerlo…’ Venga ya. ¿Todo desclasificado?”. Dijo a preguntas de los periodistas.
Indicios de culpabilidad
Ningún presidente de Estados Unidos ha sido acusado de delitos tras dejar el cargo. Richard Nixon tenía todas las papeletas por el caso Watergate, de cuyo estallido se acaban de cumplir 50 años.
Pero Gerald Ford, su sucesor, le indultó preventivamente, en una impopular decisión que contribuyó a que perdiese las elecciones de 1976, contra Jimmy Carter.
Ahora, el cerco judicial se estrecha contra Donald Trump. Los indicios contra él son abundantes. Un atestado o afidávit de 38 páginas ha servido para justificar una orden de registro de Mar-a-Lago, su mansión en Palm Beach.
