Los 1.317 policías que pagaron por pases ya están identificados. Ellos también cometieron un delito y por eso la Fiscalía abrió tres investigaciones por tráfico de influencias, concusión y lavado de activos.
Así lo reveló la fiscal Tania Moreno en una entrevista con El Comercio. La investigadora dice que los uniformados que se favorecieron de la red que operó en la Policía, entre octubre del 2014 y junio del 2015, también serán procesados y juzgados. Pero, ¿dónde están estos agentes actualmente?
Según el viceministro del Interior, Diego Fuentes, ellos siguen en sus plazas de trabajo y confirmó que ninguno todavía ha sido sancionado por estos hechos. Desde diciembre pasado, dentro de la Policía se abrió una investigación administrativa para identificar a los uniformados.
Esta medida se tomó luego de que, en junio del 2015, el caso estallara. En ese entonces, las autoridades del Ministerio decían que la organización delictiva vendió pases a policías que trabajaban lejos de sus familias. De los 1 317 agentes, solo uno ha aceptado que pagó a los sospechosos para ser trasladado de unidad.
De hecho, esa confesión la hizo en el juicio que se sigue en contra de 16 personas que presuntamente formaron parte de la estructura delictiva. El uniformado, en su comparecencia ante los jueces, detalló que pagó USD 900 para que lo trasladaran de una UPC en el norte de Quito a la Unidad de Antinarcóticos de Pichincha, en donde se encuentra actualmente laborando. La falta de estas confesiones, se ha convertido en una crítica frecuente en los abogados de los procesados. Julio César Sarango defiende a dos imputados.
Él dice que sin los testimonios de los agentes “no existe prueba concreta sobre la existencia de pagos ilegales”. Lo mismo opina Carlos Cuchala, abogado de Alexis Cifuentes, presunto cabecilla de la red delictiva. Él coincide en que sin las declaraciones no se puede comprobar que se cometió un delito.
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Pero en el expediente fiscal sí existe la lista con nombres y apellidos de quienes pagaron por pases. Por eso, la fiscal Moreno dice que está investigando a los 1 317 uniformados.
En tanto, hace cuatro días, el viceministro Fuentes dijo que los uniformados que pagaron eran extorsionados por los miembros de la organización delictiva, pues aparentemente les enviaban de forma repentina a sectores lejanos y luego les ofrecían regresar los a su antiguo lugar de trabajo si pagaban por el traslado.
“Creaban una necesidad y luego los extorsionaban”, aseguró Fuentes. Estas nuevas declaraciones del Viceministro no concuerdan con la teoría de la Fiscalía. Según sus investigaciones, la red formó grupos de Inteligencia para que visitara los repartos policiales e identificara a los agentes que estaban lejos de sus familias. A ellos se les ofertaban los cambios.
Otro punto en que no coinciden las investigaciones del Ministerio del Interior y las de la Fiscalía son los valores que la recobraba por los trámites en diferentes provincias. Según Fuentes, los uniformados pedían entre $1 500 y $4 000. Pero la Fiscalía estima que eran entre $1 000 y $2 500. Así consta en los expedientes fiscales. Fuentes incluso advierte que la banda movió unos $6 millones. Pero para la Fiscalía ese monto es menor.
Entonces, existen registros de las cuentas bancarias de los indagados. En esos movimientos se evidencian posibles anomalías. Por ejemplo, uno de los procesados tenía en el banco $24 054 en el 2013, para el año siguiente se elevó a $41 818 y hasta junio del 2015 ingresaron a su cuenta $202 297. Además, existen compras de terrenos, departamentos y casas que superan los $70 000. Otros rubros fueron invertidos en vehículos.
Por eso, para los abogados de los procesados es importante que los agentes que supuestamente pagaron testifiquen cuánto cancelaron y a quiénes entregaron los dineros.
Los defensores advierten que entre los agentes que aceptaron la oferta ilegal están personas que pidieron el pase no para estar cerca de sus familias, sino para obtener beneficios personales. Pues existen casos que solicitaron agregadurías y unidades especiales. Pero las autoridades del Ministerio señalan que no habrá sanciones a los agentes hasta que no termine el juicio de los 16. La Fiscalía dice que luego se procesará a los que pagaron.
Con información de El Comercio
