Gobierno de Joe Biden, ultima detalles a puertas cerradas del plan migratorio que activará en la frontera con México para reemplazar al Título 42 de los Centros para el Control de las Enfermedades (CDC).
El Político
Esta es una cuestionada herramienta de salud pública activada en marzo de 2020 para contener la pandemia del COVID-19 pero ha sido utilizada tanto por el gobierno actual como el anterior para expulsar de manera expedita a inmigrantes indocumentados, incluso cientos de miles que llegaron en busca de asilo.
Desde principios de enero los departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y de Justicia (DOJ), anunciaron que como parte del reemplazo del Título 42 se fortalecerá una política temporal de asilo que exige a inmigrantes originarios de Cuba, Haití y Nicaragua un patrocinador autorizado por las autoridades federales de inmigración quienes, una vez aprobados, solo pueden hacerlo vía aérea y con un pasaporte válido.
Venezolanos pioneros del plan de Biden
Los inmigrantes originarios de Venezuela participan en el programa desde mediados de octubre del año pasado.
Funcionarios han señalado que el programa podría ser ampliado a otras naciones y con ello disminuir el flujo de inmigrantes en la frontera sur.
El Titulo 42 será desactivado el 11 de mayo. Mientras, miles de inmigrantes de distintas nacionalidades de preparan en el lado mexicano para ingresar a Estados Unidos en busca de asilo con la idea equivocada de que la frontera será abierta.
Escenarios tras el fin del Título 42
Además de la política temporal de asilo del 5 de enero, el DHS se prepara para la implementación, por fases, de un programa -también temporal- que acelerará acelerar los procesos y descongestionar las solicitudes.
Según la estrategia, el DHS activará un programa piloto donde agentes de asilo de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) entrevistarán a migrantes que vienen en busca de asilo en la frontera, al tiempo que se ampliará el acceso a servicios legales.
Si bien se desconoce la totalidad del plan, el gobierno ha anticipado que los agentes de asilo trabajaran junto con los agentes de la Patrulla Fronteriza en las primeras 72 horas de detención de los inmigrantes en la frontera.
Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes y abogados consultados, advierten que la prisa es ‘contraproducente’ y acarreará nuevos inconvenientes.
De que se trata el plan de Biden
El plan provisional de asilo será implementado paulatinamente comenzando con pequeños grupos de extranjeros y de manera simultánea. Por un lado, la aceleración de las entrevistas de miedo o temor creíble, por el otro acceso de los peticionarios de asilo a representación legal para defender sus derechos de permanencia en Estados Unidos.
El gobierno de Biden, hasta ahora, no ha indicado cuántos agentes de asilo de USCIS desplegará y en qué pasos fronterizos autorizados en la frontera con México.
Cabe señalar que, a finales del año pasado, el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, dijo durante una audiencia ante el Congreso que el ministerio bajo su mando se estaba preparando para recibir y atender entre 9,000 y 18,000 inmigrantes de asilo diarios una vez sea eliminado el Título 42.
Abogados de inmigración señalaron que una entrevista de miedo creíble puede durar más de cuatro horas para poder establecer que existe una causa probable. “Y todo dependerá de la experiencia del agente de asilo y su habilidad para poder comunicarse con el inmigrante y establecer un miedo razonable”, dice Ezequiel Hernández, quien ejerce en Phoenix, Arizona.
¿Qué se sabe de la asistencia legal tras el fin del Título 42?
La segunda semana de abril un portavoz del DHS dijo a Univision Noticias que, “como parte de los esfuerzos de preparación continuos para el fin de la Orden de salud pública del Título 42 de los CDC, el DHS trabajará con los proveedores de servicios legales para brindar acceso a representación legal a las personas que reciben entrevistas de miedo creíble bajo custodia de la Patrulla Fronteriza”, dependencia que opera bajo el mando del CBP”.
“Esto es parte de un esfuerzo de planificación en curso para iniciar un proceso que permitiría a los migrantes recibir entrevistas de temor creíble de oficiales especialmente capacitados de la USCIS mientras aún se encuentran bajo la custodia de CBP”, que por ley no debe ser más de 72 horas, indicó.
El funcionario aseguró que “los agentes y oficiales de CBP no realizarán estas entrevistas (de miedo creíble)” y que el proceso está diseñado “para garantizar que los migrantes tengan la capacidad de contactar a los proveedores de servicios legales”.
“Si fuera necesario ampliar la capacidad para las entrevistas de temor creíble más allá de las realizadas por los funcionarios de la USCIS para los no ciudadanos bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la experiencia indicará las mejores prácticas que deban llevarse a cabo”, agregó.
Otros planes vigentes
Además de la política provisional de asilo anunciada por el gobierno, el DHS reiteró la vigencia de la estratega del 5 de enero, cuando anunció el programa que afecta a inmigrantes originarios de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Entre ellas, que después del 11 de mayo seguirá deportando a extranjeros de manera expedita bajo el Título 8 de la Ley de Inmigración por motivos de inadmisibilidad.
“El Título 8 es el conjunto de normas que le dan al gobierno la oportunidad de deportación rápida en el marco del debido proceso migratorio”, dice Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas.
Barrón explica que bajo el Título 8, los inmigrantes que llegan a la frontera “pueden pedir asilo” y la mayoría de los casos llega ante un juez de inmigración. Pero advierte que el hecho de ir ante un juez no significa que se quedará en Estados Unidos. “Debe ganar su caso”, advierte. Y si lo pierde le emitirán una orden de deportación.
Las deportaciones bajo el Título 8 mencionadas por el CBOP en sus informes mensuales de procedimientos en la frontera no son algo nuevo. Se trata de la implementación de leyes vigentes que afectan la inmigración y naturalización, y que siguieron activas a pesar de la pandemia del coronavirus y la implementación del Título 42.