Una investigación publicada por el portal venezolano El Pitazo destapa cómo altos mandos militares y empresarios ligados al chavismo —señalados por represión, corrupción y lavado de dinero en Venezuela— resguardan sus fortunas y familias en Estados Unidos, amparados por el sistema que públicamente critican.
El reportaje revela el caso del general Boris Milan Rudman Jiménez, comandante de la Guardia de Honor Presidencial y pieza clave en juicios exprés contra militares opositores, a quien testigos han vinculado a torturas y condenas sin pruebas. Mientras tanto, su madre y su hermano llevan vidas acomodadas y compran propiedades en Florida, y su hijo presume viajes en Texas, disfrutando de privilegios imposibles en Venezuela.
Otro caso es el del vicealmirante Gregorio Antonio Briceño Paniagua, encargado del control migratorio en el aeropuerto internacional de Maiquetía y señalado de reprimir y perseguir a opositores que intentan salir del país. Contradictoriamente, su esposa figura como directora de una empresa registrada en Miami y sus hijos viajan constantemente a EE. UU., beneficiándose de un libre tránsito.
La investigación también destaca a William Hernández Cova, mayor retirado del Ejército y líder de un conglomerado con empresas en Colombia, Panamá, Reino Unido y EE. UU., que multiplicó sus negocios durante la gestión de Carlos Rotondaro. No se le vincula a torturas, pero sí a tramas corruptas del Clap junto a Carlos Lizcano —imputado en EE. UU.— y a contratos públicos millonarios; su hija vive y dirige empresas en Florida.
Esta doble moral se replica fuera de Estados Unidos: en España, decenas de exfuncionarios y empresarios chavistas disfrutan lo conseguido en la bonanza petrolera venezolana.
El congresista estadounidense Carlos Giménez aseguró que los “colaboradores y testaferros del régimen” están siendo identificados y podrían perder su estatus migratorio en EE. UU., sin excepción para los que ya han sido naturalizados.
