El Colegio de Abogados de Pichincha presentó a la Asamblea Nacional, en agosto pasado, una reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP), para despenalizar el aborto en casos de violación y por discapacidades del feto incompatibles con la vida.
El pedido tiene un informe del Comité de Derechos Civiles y Políticos de la ONU que pidió al país “revisar” el COIP ya que ve “con preocupación” que la normativa criminalice a las mujeres por esta decisión.
En la actualidad, en Ecuador se permite abortar cuando corre riesgo la salud de la madre o en caso de que una mujer con discapacidad mental haya gestado tras una violación.
El defensor público general, Ernesto Pazmiño, también propuso, el 6 de julio pasado, una reforma al COIP para la despenalización del aborto en casos de delitos sexuales. El debate sobre este tema está en las calles. Cristina (nombre protegido) interrumpió su embarazo hace cuatro años.
En la clínica clandestina le causaron una perforación en el útero, lo que le provocó una infección severa. Perdió el útero. Sandra Collantes, médica tratante de Ginecología del Hospital Pablo Arturo Suárez, detalló los riesgos de procedimientos en sitios clandestinos. Cuando se utilizan máquinas para el legrado puede producirse una perforación uterina. El ginecólogo Andrés Calle explicó que otras complicaciones son hemorragias e infecciones que se provocan por abortar en lugares inseguros. “Suelen quedarse en casa por temor y eso complica los cuadros.
Cuando llegan al hospital se salvan de morir”, contó. Existe la posibilidad de que se produzca sepsis, una infección grave que conlleva insuficiencia hepática, renal y la muerte. (Ver gráfico) Sofía Altamirano, de la organización feminista Surkuna, señaló que el tema tiene que comprenderse como un problema de salud pública.
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En el país no hay datos de abortos clandestinos, pero existe un registro denominado aborto “no especificado”. Este representa la segunda causa de morbilidad (enfermedad) en mujeres, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Altamirano sostiene que en esa cifra se esconden casos de mujeres que lo hicieron en la ilegalidad y que fueron a las casas de salud luego de tener complicaciones tras abortar.
Este Diario solicitó información de los últimos cinco años al Ministerio de Salud sobre los abortos registrados. La institución envió datos de los egresos hospitalarios por aborto desde el 2010, cuando se registraron 4 875 casos, hasta el 2014, cuando disminuyeron a 3 429. No se entregaron cifras del 2015 ni del 2016. Por su parte, Linda Arias, asesora y voluntaria en Pastoral Familiar, se opone a cualquier tipo de aborto.
Sobre el nuevo pedido del Colegio de Abogados, cuestionó que alguien decida qué nivel de discapacidad es tolerable en el feto. “Nadie puede negar el derecho a la vida”, comentó. También rechazó la propuesta de interrupción del embarazo tras un ultraje a la mujer. La Defensoría Publica ha patrocinado 27 casos por denuncias de aborto hasta el 14 de septiembre pasado; más del doble de casos que defendió entre 2009 y 2013.
Hay más procesos en el país, pero tienen defensa particular. La Defensoría añadió que la mayoría de denuncias provino de “personal de los hospitales públicos”. Médicos del servicio público, que no quisieron identificarse, lo negaron.
Por su parte, la activista Virginia Gómez tienen una copia de un parte policial en el que una mujer fue judicializada por una denuncia que salió de una clínica privada. Para Virginia Gómez, presidenta de la Fundación Desafío, las mujeres se alejan de los servicios de salud por miedo a ser judicializadas.
Añade que el acceso a misoprostol, que puede inducir a un aborto, se ha reducido por el aumento de control del Estado a este fármaco, lo que origina que las mujeres acudan a métodos inseguros. “Abortan porque consiguen las pastillas y las usan… ellas siguen las instrucciones e interrumpen el embarazo”.
En la Fiscalía, el número de casos por denuncias de aborto se mantiene desde hace cinco años (ver cuadro). La sanción para un médico que interrumpa el embarazo es de siete a 10 años de prisión. Para una mujer que lo autorice, la pena va hasta los dos años.
La fiscal de delitos sexuales Mayra Soria, como opinión personal, comentó que está a favor del aborto por violación.Ella ha tratado casos de niñas ultrajadas por parientes cercanos y que deben tener al hijo por obligación. En el 2014, antes de la aprobación del COIP, hubo un intento para despenalizar el aborto por violación, pero el presidente Rafael Correa se opuso. Tres asambleístas de Alianza País fueron sancionadas.
Una de ellas fue Gina Godoy, quien aún defiende la despenalización. Ella sospecha que la propuesta del Colegio de Abogados coincide con la época de elecciones. La Comisión de Justicia, la cual ella integra, avocó conocimiento sobre ambos pedidos.
Godoy considera que esto se tratará en un paquete de reformas al COIP, junto con otras peticiones.
En el Código Orgánico Integral Penal no se sanciona el aborto para salvar la vida de la madre o el que se practica a una discapacitada mental que haya sido violada. Una propuesta del Colegio de Abogados de Pichincha quiere incluir dos excepciones más.
Con información de El Comercio
