La audiencia de los primeros testigos en el caso contra el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva por su supuesta relación con la trama de corrupción en Petrobras en la compra de un apartamento, estuvo marcada por la tensión y el cruce de acusaciones entre sus abogados y la Fiscalía.
El juez brasileño Sergio Moro, que encabeza la investigación sobre el escándalo de corrupción en la petrolera estatal, escuchó los primeros testimonios de la acusación en relación al proceso abierto contra Lula en el que indaga la supuesta propiedad de un inmueble en la localidad de Guarujá, en el litoral de Sao Paulo.
La Fiscalía argumenta que Lula y su esposa recibieron ilegalmente alrededor de 1,1 millones de dólares por parte de la constructora OAS, ya condenada por los desvíos en Petrobras, por medio de la reforma y decoración del citado apartamento, un tríplex con vista al mar.
La primera fase de estas audiencias, que se prolongarán hasta el viernes, contaron hoy con la presencia del empresario Augusto Mendonça; los expresidentes de la compañía Camargo Correa, Dalton Avancini y Eduardo Leite; y el exsenador Delcidio Amaral.
La comparecencia del exsenador fue la primera y su testimonio fue interrumpido varias veces por la defensa de Lula, que protestó por la falta de objetividad en las preguntas de los representantes del Ministerio Público Federal (Fiscalía) por dirigir las respuestas de estos, en un clima de tensión entre las partes.
"¿Cuál es el contexto? El contexto solo existe en la cabeza de Su Excelencia. ¿Qué contexto es ese? El contexto para nosotros es la denuncia. Pedimos al Ministerio Público que se mantenga en el objeto de la denuncia", dijo uno de los abogados defensores de Lula durante la audiencia en disconformidad por una de las preguntas formuladas.
En un comunicado posterior, la defensa de Lula señaló que "Delcidio Amaral dice no saber nada sobre esa acusación del tríplex, limitándose a repetir las ya conocidas y vagas afirmaciones sin pruebas".
Asimismo, hablan de "una obsesión" por parte de Delcidio Amaral, que no quiso mostrar su rostro durante la declaración, por "incriminar al expresidente".
En este sentido, los abogados desacreditaron al resto de testigos al aseverar que ellos también "afirmaron desconocer cualquier relación de Lula con el inmueble o con el hecho de recibir cualquier cantidad indebida", por lo que no existe ningún elemento que pruebe "la tesis acusatoria" de la Fiscalía.
Asimismo, calificaron las acusaciones del Ministerio Público contra Lula de "frívolas" y como parte de un "procedimiento jurídico para fines de persecución política".
Por otro lado, también se vivieron momentos de tensión con el juez federal Moro, quien dijo que las interrupciones de los abogados de Lula eran inapropiadas en algunos momentos.
"Puede ser inapropiado, pero es perfectamente jurídico y legal. El juez preside, pero el juez no es el dueño del proceso. Aquí los límites los marca la ley. La ley es la medida de todas las cosas", respondió la defensa de Lula.
Además de Lula, el proceso tiene otros siete acusados, incluyendo a la exprimera dama y esposa del que fue el presidente más popular de Brasil, Marisa Letizia, ambos ausentes después de que el juez Moro aceptara la solicitud de la defensa de eximirles a declarar personalmente y pudieran estar representados por sus abogados.
Otros testigos destacados que serán escuchados por Moro hasta el viernes en Curitiba, capital del sureño estado de Paraná, donde se concentran las investigaciones del caso Petrobras, serán los exdirectores de la petrolera estatal Paulo Roberto Costa y Nestor Cerveró, el cambista Alberto Youssef, y el lobista Fernado Soares.
Lula da Silva, que gobernó Brasil entre 2003 y 2010, tiene además de esta, otras causas abiertas en la Justicia del país por su presunta implicación en este escándalo de corrupción.
El caso Petrobras es la mayor investigación de corrupción en la historia de Brasil y por la que ya han sido condenados directivos de la petrolera y de las principales constructoras del país, además de varios políticos.
El ex jefe de Estado, de 71 años, ha denunciado reiteradamente una "cacería judicial" en su contra, especialmente por parte del juez Moro, y ha llevado su caso ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que ha aceptado a trámite su denuncia.
Con información de EFE
