El gobierno de Perú aprobó un decreto legislativo que permitirá despedir a un funcionario público que haya sido sentenciado por corrupción en los últimos cinco años, así como mejoras en los sistemas de colaboración eficaz, según se anunció hoy al término del Consejo de Ministros.
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El jefe del gabinete, Fernando Zavala, declaró en rueda de prensa que se aprobó un paquete de decretos legislativos sobre lucha contra la corrupción y la seguridad ciudadana, como parte de las facultades legislativas delegadas por el Congreso.
"Nos hemos enfocado en tres ejes que son necesarios para pelear contra la corrupción: la prevención, la persecución y la reinserción social de los infractores", señaló Zavala.
La ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, explicó que el gobierno ha corregido la norma que inhabilita a trabajar en el Estado a los sentenciados por corrupción, llamada muerte civil, con una medida administrativa laboral dirigida a los que ya están laborando en el sector público.
El objetivo de la medida administrativa es que "se pueda despedir a una persona sentenciada por corrupción hoy día aunque el hecho lo haya cometido hace 5 años".
"Hoy hay inhabilitación perpetua. Pero la gente se preguntaba qué va a pasar con los funcionarios corruptos que están trabajando hoy día", afirmó Pérez Tello.
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Las medidas aprobadas por el gobierno se anuncian en medio de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía y la Procuraduría Anticorrupción por los sobornos que la empresa brasileña Odebrecht admitió haber entregado entre 2005 y 2014 en Perú.
Con información de EFE
