El funcionario cuenta que pronto serán los encargados de controlar los predios en riesgo y darán aviso a las autoridades en caso de detectar asentamientos ilegales promovidos por urbanizadores piratas.
Germán Bahamón pensó que al asumir el liderazgo de la Caja de Vivienda Popular (CVP) sólo se encargaría de asuntos técnicos, debido a que esta entidad es la responsable de ejecutar las políticas de la Secretaría de Hábitat. En palabras sencillas, “es una entidad constructora”. Sin embargo, la responsabilidad es mayor. No sólo debe liderar el desarrollo de proyectos de vivienda prioritaria para favorecer a más de mil familias de estratos bajos que residen en Bogotá, sino también apoyar la lucha contra problemáticas sociales, como los tierreros o urbanizadores piratas. El funcionario asegura que su entidad está encontrando el equilibrio, después de lidiar con proyectos inviables de la anterior administración, y está aprovechando la tecnología para controlar las invasiones de terrenos en riesgo.
Cuando llegó Gustavo Petro a la Alcaldía se enfrentó con el vicepresidente Germán Vargas Lleras y dijo que no quería nada del Gobierno Nacional. Entonces puso a entidades como la CVP y Metrovivienda a construir viviendas, cuando no era su responsabilidad. El Estado no tiene experticia en construcción de vivienda. Con Peñalosa volvimos a tener una comunicación fluida con el Gobierno. Y eso es importante, porque uno de nuestros objetivos es hacer que la vivienda vuelva a Bogotá. Mediante planes parciales y a futuro, con el Plan de Ordenamiento Territorial habilitaremos espacios para la construcción de interés prioritario.
¿Y Bogotá sí tiene tanto suelo?
El POZ Norte, que no sólo incluye la Van der Hammen, es un buen lugar para hacer desarrollo urbano planeado. También quisiéramos hablar con Mosquera, porque los límites entre ese municipio y Bogotá son baldíos.
¿Cuál de los proyectos de vivienda que están a su cargo destacaría?
Hay un proyecto muy interesante que se llama Santa Teresita, en el límite entre Usme y San Cristóbal, en donde estamos construyendo 1.032 viviendas. Cuando llegamos nos encontramos con muchos problemas: falta de planeación, no se habían asignado las familias, estaba sin cierre financiero y un precio catastral incorrecto. La meta es entregar las primeras 500 casas en junio de este año y el resto en diciembre. Aunque no es nuestro objetivo como entidad, no podemos dejar a estas familias sin hogar.
Pero ¿los proyectos de las anteriores administraciones se van a realizar?
Hubo algunos que tuvimos que descartar porque no había proponentes ni cierres financieros. Según la Contraloría, no tenían pies ni cabeza. Esto significa que alrededor de mil viviendas no serán construidas. Pero no hay de qué preocuparse porque las familias no pierden la ayuda del reasentamiento. La plata está ahí y ellas actualmente viven en arriendo.
¿Eso no es más costoso?
Precisamente, otro problema que identificamos de las anteriores administraciones es que las familias duraban en arriendo, en promedio, 4,8 años. Eso no tiene sentido. Estamos reduciendo ese tiempo y hablando con privados para que generen oferta rápido.
¿Qué otras tareas pendientes tiene la Caja de Vivienda Popular?
La titulación de los predios para legalizar barrios. Hacemos el acompañamiento social, técnico y jurídico a estas familias. Por otro lado, la lucha contra los tierreros. La administración de Peñalosa está desarrollando tecnologías para que mediante drones y softwares alerten cuando haya una nueva ocupación. Estos vigilarán constantemente los predios en riesgo y avisarán de inmediato a las autoridades en caso de detectar algún asentamiento.
Con información de El Espectador
