La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó hoy las condenas a tres años de prisión a dos oficiales retirados de la Fuerza Aérea de Chile que torturaron a José Tohá González, quien fue ministro del Interior y de Defensa del presidente Salvador Allende, informaron fuentes judiciales.
El tribunal concedió a los condenados, los coroneles retirados Ramón Cáceres Jorquera y Sergio Contreras Mejías, el beneficio de remisión condicional de la pena, lo que significa que no irán a la cárcel.
La II Sala del tribunal de alzada confirmó por unanimidad el fallo dictado el 24 de noviembre de 2015 por el juez especial Jorge Zepeda, quien pudo establecer que Tohá González fue sometido a múltiples torturas durante su reclusión en la isla Dawson y posteriormente cuando se encontraba ingresado en el hospital militar de Santiago.
Tohá y otros altos cargos del gobierno de Allende, tras ser detenidos tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, fueron confinados en la isla Dawson, pero su salud se deterioró y fue devuelto a Santiago e ingresado en el hospital militar, en condición de detenido e incomunicado.
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Finalmente, el 15 de marzo de 1974 fue encontrado muerto "en suspensión incompleta, apoyado sobre una de las repisas del clóset de la habitación, con sus pies flectados sobre el piso y su cuello unido por un cinturón a un soporte, consistente en una cañería del agua potable que pasaba por el interior del maletero del mueble".
El caso fue presentado como suicidio, aunque la familia y organismos de derechos humanos han insistido hoy en que se trató de un homicidio, dado que la condición física de José Tohá era de tal debilidad que no habrían sido capaz de ahorcarse, aunque hubiese pretendido hacerlo.
Según el fallo, la investigación permitió acreditar que durante su privación de libertad y pese a su delicado estado de salud, José Tohá "en reiteradas oportunidades fue víctima, por parte de agentes del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea, de tratos crueles y degradantes, ejecutados con el propósito de dañar su integridad física y psíquica, con afectación de su honra y dignidad".
"Que dicho maltrato de los agentes para con la víctima se dio en el contexto de un patrón común, de recabar información e infundir miedo a ella y a un sector determinado de la población civil, que en ese tiempo fue perseguida por razones políticas", añade el texto judicial.
Con información de: EFE
