El dictamen de la Corte Suprema de Wisconsin ha generado críticas luego de sentenciar que el alguacil del condado de Milwaukee, David Clarke, no está obligado a dar información sobre las personas entregadas al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), para su deportación.
Redacción El Político
Uno de los grupos activistas que rechazó este medida fue Voces de la Frontera de Milwaukee, la cual demandó en 2015 para que Clarke divulgara las identidades de los indocumentados que retenía en la cárcel del condado a pedido de ICE, según reseña la agencia EFE.
A juicio de Peter Earle, abogado del grupo, el Supremo "empodera a un alguacil renegado partidario de las deportaciones masivas y en secreto".
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Mientras la secretaria ejecutiva de Voces de la Frontera, Christine Neuman-Ortiz manifestó que la decisión facilitaría el camino hacia "deportaciones secretas, y un sistema criminal y de inmigración también secretos (…) Con la decisión de hoy, si los alguaciles detienen a una madre por una infracción de tránsito, y la entregan a Inmigración, el público no tiene el derecho de saber, ni tampoco sus hijos".
Pese a que el 2 de febrero la Junta de Supervisores del condado de Milwaukee decidió ofrecer protección a los inmigrantes indocumentados Clarke sostuvo que su oficina tiene autonomía y sus agentes van a colaborar con ICE a través de los polémicos programas Comunidades Seguras y 287g, que la Administración Trump ha revivido.
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El programa 287(g) permite a las autoridades locales verificar el estatus migratorio de los detenidos y transferirlos a las autoridades migratorias si son indocumentados, mientras que por medio de Comunidades Seguras los agentes pueden acceder a bases de datos federales de huellas digitales para determinar la identidad y situación inmigratoria de un detenido sin importar el motivo.
Se estima que en el condado de Milwaukee viven 150.000 de los 340.000 latinos que tiene el estado de Wisconsin. En total, en esta región viven 957.000 personas, según proyecciones de la Oficina del Censo.
