Fue el 2 de diciembre de 2010. Ese día, el entonces diputado de la DC Jorge Burgos pidió la palabra en la hora de incidentes para, a través de un oficio dirigido a la Fiscalía Nacional, solicitar que se realizaran una serie de indagaciones por una extraña operación de la que días antes había dado cuenta la prensa argentina.
“Solicito que se oficie al fiscal nacional del Ministerio Público (Sabas Chahuán) para solicitarle que (…) tenga a bien analizar la procedencia de una investigación por lo hechos que a continuación indicamos”, comenzó Burgos dirigiéndose a la independiente Alejandra Sepúlveda, quien por esos días presidía el hemiciclo.
Los antecedentes a los que se refería Burgos, consistían en dos notas de los diarios Clarín y La Nación del vecino país que habían revelado los supuestos pagos por más de un millón de dólares de parte de Lan a Manuel Vázquez, uno de los asesores más cercanos del ex secretario de Transporte de Néstor Kirchner, Ricardo Jaime.
Este último, fue uno de los hombres clave para aprobar el funcionamiento de la aerolínea en ese país a partir del 15 de agosto de 2006, año en el que Piñera ejercía como miembro del directorio de dicha compañía, puesto que ocupó hasta el 1 de agosto de 2007, manteniéndose, eso sí, como uno de los principales accionistas.
“Según se desprende de una cadena de mails de Vázquez que ahora investiga la justicia federal, el asesor de Jaime facturó 1.150.000 dólares a una empresa perteneciente al grupo LAN Airlines por supuestos servicios de consultoría ‘para realizar un estudio de todas las rutas aéreas de la República Argentina’”, indicaba La Nación el 26 de noviembre en un artículo titulado “Sugestivo pago de Lan a Vázquez”.
“La empresa aérea chilena le dio ese dinero a Manuel Vázquez. Dijo que lo contrató para que lo asesore en materia de tráfico aéreo. Los giros fueron entre el 2006 y el 2007, después de que el ex secretario de Transporte la autorizó a volar”, señalaba ese mismo día Clarín.
Con esto en mano, en mayo de 2011, el fiscal José Morales, a cargo de la unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, inició una investigación por presunto cohecho en contra la línea aérea.
En el marco de las indagatorias, Morales realizó diversas diligencias entre las que se incluye un viaje a Argentina, ocasión en la que se reunió con el juez Norberto Oyarbide, quien llevaba la causa en ese país.
Tiempo después, en febrero de 2012, ese mismo magistrado cerró sin culpables el caso aludiendo a la invalidez de algunas pruebas. En paralelo, Morales optó por archivar su investigación tras concluir que no tenía competencia. Esto, en gran parte, dado que los pagos se realizaron en EE.UU., por lo que se estimó que no se tenía jurisdicción.
Se reactiva la causa
Pese a que llevaba cerca de dos años congelada, la misma unidad de Delitos de Alta Complejidad decidió en 2014 reabrir la causa por supuestos sobornos de Lan. Esta vez, a raíz de un informe elaborado por la Ocde.
El reporte, que se denominó “La implementación de la convención de la Ocde antisoborno en Chile”, integraba, en sus puntos 16, 17, 18 y 19 el “caso aerolínea” donde se alude a lo ocurrido en 2006 y 2007. Y en especial, se refiere a las acciones realizadas por la justicia chilena.
“Las autoridades chilenas no entrevistaron a los testigos en Chile (…) No comprobaron si las instrucciones de pago o la fuente de los fondos se originaron en Chile. No se hicieron esfuerzos para investigar si los US$ 1.150.000 del contrato entre la aerolínea X y otra compañía para optimizar sus rutas de vuelo fue producto de un trabajo genuino”, sentenció el texto.
Así, ante los cuestionamientos de la instancia internacional, el propio fiscal Morales junto a Andrés Montes, reactivaron las indagatorias. En ese marco, el Ministerio Público le tomó declaración -en 2014- al ex Presidente Piñera, momento en el que, según indicaron fuentes judiciales, habría descartado cualquier vínculo con las supuestas irregularidades.
Nuevo impulso
Pese a que la causa nunca más fue abierta en Argentina y la justicia de EE.UU. se limitó a cursar una multa por cerca de US$22 millones en contra de Lan acusando que los pagos a Vásquez no se realizaron acorde a la normativa, en Chile aún sigue vigente. Más aún, tras la denuncia interpuesta el viernes por la venezolana Gledys Cadenas luego que se conociera que la compañía habría reconocido las irregularidades acusadas por la justicia norteamericana que resultaron en dicha sanción.
La acción judicial, que fue recogida por el fiscal argentino Ramiro González, apuntó a Piñera por su rol en el directorio de Lan; a Jaime y al ex ministro de Planificación y actual diputado argentino por el Frente para la Victoria, Julio De Vido.
Por su lado, desde la Fiscalía Centro Norte ya llevan cerca de un año coordinando -junto con Cancillería- una diligencia del fiscal Montes en Argentina.
Dicho trámite, que podría llevarse a cabo durante las próximas semanas, consiste en la toma de declaración de Jaime y Vázquez. El cuestionario, según señalan en el Ministerio Público, será realizado por un fiscal designado por la justicia argentina. Eso sí, Montes podrá sugerir preguntas.
Consultado por dicha acción, Montes se limitó a señalar que “no nos vamos a referir, porque es una investigación que se encuentra vigente”.
La defensa de Piñera
Conocida la demanda de la ciudadana venezolana, la respuesta del ex mandatario no se hizo esperar. Ayer, en su oficina de Apoquindo 3000, el ex jefe de Estado salió a descartar cualquier vínculo con las supuestas irregularidades.
“Esta denuncia o es muy irresponsable o es muy mal intencionada, porque por el solo hecho que sea accionista de Lan como lo dice la denuncia, me asigna responsabilidades que no tengo”, afirmó Piñera.
Por su lado, desde Lan indicaron, en una declaración pública, que “respecto al vínculo de Sebastián Piñera así como de otros directores con estos hechos, LATAM Airlines señala enfáticamente que no tienen ninguna participación y ninguna autoridad ha hecho planteamiento alguno de esta naturaleza”.
Con información de La Tercera
