Un juez de la Audiencia Nacional española envió a prisión a los principales detenidos en la investigación de las supuestas irregularidades en Latinoamérica de la compañía pública de aguas Canal de Isabel II.
Lo que el juez Eloy Velasco investiga en la llamada "operación Lezo" son operaciones de adquisición de compañías en varios países latinoamericanos durante algunos años por parte del Canal, empresa que entre 2003 y 2012 encabezó Ignacio González, que desde la segunda fecha y hasta 2015 presidió la Comunidad (región) de Madrid.
El magistrado envió a prisión sin fianza al ex presidente madrileño a última hora de este viernes, al igual que hizo horas antes con su principal directivo en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino, que dirigió Inassa, filial del Canal de Isabel II.
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Ignacio González fue un hombre clave en la política madrileña y que también dirigente nacional del gobernante Partido popular (PP, (centroderecha).
Ambos forman parte de la docena de detenidos el miércoles en una investigación de los presuntos delitos de prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios.
El juez ya ha dado algunos datos acerca del alcance de las operaciones de Inassa, como cuando en 2013 invirtió 31 millones de dólares en la compra de la brasileña Emissao, empresa cuyo patrimonio dos años más tarde había descendido a 5 millones de dólares.
Según un auto del juez se llevó a cabo una "premeditada" sobrevaloración del precio de compra de las participaciones en la empresa brasileña Emissao, lo que causó un daño de 25 millones de dólares a la empresa pública de aguas.
El Canal llegó a tener cerca de una veintena de empresas en Latinoamérica, aunque el actual Gobierno regional madrileño (PP) decidió en 2016 desprenderse de una docena de ellas y alertar a la Justicia sobre posibles irregularidades.
La empresa pública de aguas da servicio a los 6,2 millones de habitantes de la región de Madrid y cuenta con unos activos por valor de 4.627 millones de euros (unos 4.900 millones de dólares al cambio actual).
Lo que la Justicia sospecha es que algunos de los detenidos se llevaron dinero de esas operaciones llevadas a cabo por la empresa pública.
Pero el juez también sospecha de una relación con una supuesta financiación irregular del Partido Popular, en el poder en España desde 2011 y en la región de Madrid desde 1995.
Por eso en la noche del jueves fue detenido el empresario Javier López Madrid, consejero de la multinacional OHL, cuya sede central en la capital fue registrada este jueves por la Guardia Civil, como las de la tecnológica Indra y la consultora PWC.
La Guardia Civil buscaba en OHL información que pudiera vincular la adjudicación de contratos públicos del Gobierno regional de Madrid con un presunto desvío de fondos al PP y hacia Ignacio González.
En concreto, los agentes investigan el supuesto pago de una comisión para la adjudicación del contrato para la construcción de un ferrocarril entre dos localidades madrileñas que nunca se realizó.
Fuentes de OHL negaron haber pagado comisiones a ningún partido y explicaron que colaboran con la Guardia Civil para esclarecer los hechos.
Otra entidad destacada en la supuesta trama es la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid, cuyo exdirectivo José Martínez Nicolás también esta detenido y tendrá que explicar al juez algunos contratos suscritos con empresas para la prestación de servicios.
EFE
