Definitivamente no se sabe a que juega España con el régimen que impera en Venezuela. Por momentos parece apoyar a la dictadura chavista y en otros instantes la traiciona. Pero el Delcygate otra historia. Ahora, la Justicia española lo entierra.
El Político
La semana pasada el Delcygate tomo otro cariz. Al parecer más pudo los intereses del gobierno español en lo que puede ofrecerle la dictadura chavista. Que la justicia que busca la Unión Europea sancionando a los funcionarios corruptos y violadores de los derechos humanos que viven en Venezuela.
La semana pasada, el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid acordó el sobreseimiento de la causa que seguía contra varios funcionarios públicos españoles. Los mismos estaban vinculados con la vicepresidenta de la dictadura venezolana, Delcy Rodríguez, informó ABC.
El motivo de la causa que le siguieron a un grupo de funcionarios públicos españoles fue que ayudaron a que la funcionaria de la dictadura chavista a entrar en un país de la Comunidad Europea.
Gracias al ministro de Transportes español, José Luis Ábalos, la funcionaria chavista llegó y entró a Madrid a través del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, a pesar de las sanciones de la Unión Europea.
El hecho ocurrió en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas el pasado 20 de enero.
No ven delito por haber recibido a Rodríguez a pesar de las sanciones de la UE
En un auto dictado este miércoles, el instructor se pronunció en línea con la Fiscalía. Según ambos funcionarios no apreciaban delito en los actos cometidos por los funcionarios que se encontraban en el aeropuerto de Madrid Barajas y recibieron a Rodriguez.
Para ellos no fue importante que Delcy Rodríguez, tiene vetado el acceso a territorio europeo.
Justificaron las acciones de los funcionarios españoles indicando que ella "no dijo que quisiera entrar en territorio Schengen y pernoctó en la sala de una terminal, «zona de tránsito aeroportuario» hasta que ‘embarcó en otro vuelo'".
También se salvó el ministro de Transportes
Contra esta resolución cabe recurso de reforma ante el propio juzgado. También de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid.
En cualquier caso, la resolución sólo podrá ser recurrida por el Ministerio Fiscal y por el partidola.o político Vox, dado que ni el Partido Popular ni el Partido Laócrata están personados en las actuaciones.
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