El abogado de Nadine Heredia, Eduardo Roy Gates, denunció hoy que la reciente decisión judicial que obligó a la esposa del expresidente Ollanta Humala a regresar a Perú y dejar su puesto como funcionaria en la FAO obedece a presiones políticas y mediáticas y no al interés de la Justicia.
Roy Gates, en una entrevista con Efe en su despacho de Lima, lamentó que la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho de pedir el regreso de Heredia, además de ser irregular, no sirve más que para privar a su defendida de su "legítimo derecho al trabajo", ya que no existe duda alguna de su interés en colaborar con el proceso que se sigue en su contra.
"Tengo esperanza que (este caso) se solucione de forma objetiva ni sin presión política y mediática, porque eso es lo que contamina los procesos. Los jueces y fiscales son también de carne y hueso. Los jueces tiene que estar decididos a soportar presiones, que son grandes. Que dijera el primer ministro que hubo irregularidades caló y perjudicó a Nadine Heredia, que obtuvo esta resolución sin precedentes", afirmó Roy Gates.
Heredia regresó hoy a Perú en respuesta a una orden dictada por Carhuancho el pasado 25 de noviembre, en la que le impuso volver a Lima antes del 5 de diciembre y dejar el cargo de Directora de Enlace de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en el que fue nombrada la semana pasada.
Ese nombramiento, y el viaje de la esposa del expresidente Humala (2011-2016) a Europa, desató un enorme revuelo en Perú, donde es investigada por la presunta comisión del delito de lavado de activos en una supuesta financiación irregular del Partido Nacionalista Peruano (PNP), fundado y presidido por ella y su cónyuge.
Tanto el Gobierno como el Parlamento peruanos protestaron por esta designación, que consideraron una intromisión en la Justicia peruana, y pidieron su regreso al país.
Algunos políticos y medios de comunicación consideraron este nombramiento una "huida" y afirmaron que Heredia no iba a volver "jamás" al país.
Roy Gates aclaró que Heredia salió de Perú tras informar debidamente al Poder Judicial y la Fiscalía, y que estos no pusieron impedimento alguno a su salida.
Luego, tras las protestas de Gobierno y Parlamento, el juez decidió en una audiencia "de forma acelerada y sin precedentes, producto de las presiones externas e indebidas que han habido" dictaminar el regreso de Heredia, algo "que no puede hacer porque ni siquiera fue pedido por el fiscal".
"El juez resolvió algo que no se discutió y no se había solicitado, y ante lo que no nos pudimos defender (…) Heredia no incumplió ninguna norma de conducta, eso lo afirma el juez en su resolución (…) Pero luego hace un requerimiento para que regrese en diez días. Esa medida la hemos apelado", explicó.
Roy Gates descartó que la inmunidad diplomática de la que gozan los funcionarios de la FAO pueda afectar el caso de Heredia y "no es un argumento para decir que no se le va a dejar trabajar", ya que sólo afecta a "actos funcionales, no anteriores" a su admisión en el organismo internacional.
"De hecho ahora es funcionaria de la FAO y está siendo procesada, los que dicen que busca ampararse en la inmunidad no están en lo cierto", insistió.
A su juicio, a Heredia debería permitírsele asentarse en Europa y sustituir el requisito impuesto por el juez de presentarse mensualmente ante las autoridades judiciales peruanas con presentarse en un consulado de Perú en Ginebra, donde estaría su puesto de trabajo.
"Que trabaje allí no quiere decir que desconozca el proceso. La llamaron y ella vino, no hubo problema. Lo que queremos es que se le reconozca el derecho a presentar su firma en el consulado", insistió.
Así, reclamó que a su defendida se le aplique "una respuesta ajustada a derecho, no una respuesta fruto de las presiones mediáticas o políticas" e indicó que los magistrados "muchas veces tienen que tomar decisiones que son impopulares", pero que "para eso son magistrados".
"Heredia no cometió ninguna irregularidad y tiene toda la confianza en que se solucionará esto. No tiene motivos para ir pensando que se debe fugar o huir de la Justicia", añadió.
En este sentido, el presidente de la ONG Transparencia Internacional, el peruano José Ugaz, consideró hoy que la ex primera dama de su país debió haber esperado a resolver sus problemas antes de asumir su cargo en la FAO, si bien reconoció que no ha "incurrido en ningún acto ilegal".
Con información de: EFE
