Decenas de anuncios de abogados hispanos en Texasofrecen en televisión sus servicios a personas que buscan desesperadamente resolver su situación migratoria ante la amenaza de deportaciones masivas.
Los canales de televisión en español se llenaron de esos mensajes. Es la oferta frente a la creciente demanda y el temor de detenciones hasta por infracciones de tránsito, con la consecuente separación de familias enteras.
Sin embargo, los honorarios son tan costosos que estos servicios son casi impagables, otros lo hacen de manera gratuita a través de organizaciones sin fines de lucro. Estos últimos comenzaron a asesorar a migrantes que llegaron hace muchos años, pero también a aquellos que lo hicieron recientemente y que están en la mira del próximo presidente de Estados Unidos.
La abogada Andrea Maldonado refiere que solo en la zona del sur de Texas hay cientos de litigantes expertos en leyes de migración que a partir del 20 de enero tendrán más trabajo, pero solo para ayudar a aquellos que sí tengan recursos para pagar la asesoría y los trámites legales.
“Esa es la preocupación más grande, que muchos no podrán pagar a un abogado. Hay organizaciones como la nuestra que intentará proveer de ayuda legal humanitaria”, señaló la abogada, quien asesora a la organización sin fines de lucro Practice Mercy.
Las circunstancias de cada persona, añade, serán muy diferentes y habrá algunas muy complejas que no cualquier abogado podrá resolver. Por ello, advierte que, ante las amenazas del presidente electo, Donald Trump, lo más preocupante es la posibilidad de que comiencen las deportaciones masivas de más de 11 millones de personas que viven en Estados Unidos fuera de una situación migratoria legal.
“El problema ya no será solo las personas que están del otro lado de la frontera queriendo venir a Estados Unidos, sino las que viven aquí y qué pasará con ellos, a qué campamentos serán llevados y el sufrimiento de sus familias porque serán separados”.
