Luis Pacheco, fiscal especializado en Crimen Organizado solicitó a la jueza María Helena Mainard la citación de cuatro profesionales acusados de integrar la red de corrupción originada en Brasil conocida como "Lava Jato".
Las convocatorias serán para dos abogados y dos corredores de bolsa uruguayos sospechosos de haber participado en maniobras de lavado de dinero de coimas pagadas por Petrobras para facilitar contratos.
El caso es conocido en Brasil como "Lava Jato" (Lavado a presión de autos) porque una investigación de la Policía Federal constató que políticos y directivos de Petrobras utilizaban una red de lavaderos de autos y estaciones de servicio para "blanquear" dinero de coimas.
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En Uruguay la investigación se desarrolló por un reporte de un caso sospechoso de lavado de activos hecho por un abogado al Banco Central del Uruguay (BCU).
El profesional, al ver su nombre reflejado en la prensa brasileña a principios de 2015, concurrió a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del BCU y brindó información sobre la compraventa de un apartamento de lujo realizada por el exdirector del Área Internacional de Petrobras, Néstor Cerveró.
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En abril de 2009, utilizando la sociedad anónima Jolmey, creada en 2007 y presidida por el abogado uruguayo, Cerveró adquirió un apartamento por US$ 689.000 en Río de Janeiro. El inmueble fue luego remodelado por otros US$ 700.000.
Con los datos aportados por el profesional uruguayo, la UIAF comenzó a investigar. Poco después, sugirió a las autoridades del Banco Central que ameritaba la presentación de una denuncia penal.
Al igual que el abogado, los otros tres acusados presentaron reportes sospechosos de lavado de dinero ante el Banco Central al ver sus nombres manejados por la prensa brasileña.
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"La Justicia deberá dilucidar si el reporte tardío es un delito o no", dijo a El País una fuente del caso.
28 pedidos de información.
Siete países de América Latina y el Caribe ya han presentado solicitud al Departamento de Cooperación Internacional de la Procuraduría General de la República de Brasil (PGR) para recibir los documentos y la información recogidos por la Operación "Lava Jato": Argentina, Chile, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Perú y Uruguay. En total, se han recibido 28 solicitudes de colaboración de 18 países. En Argentina, las sospechas recaen sobre ministros de la expresidente Cristina Kirchner.
Obras millonarias de infraestructura.
Los países más afectados por la red de corrupción Lava Jato son también los que recibieron más recursos del Bandes en los últimos tiempos. El mayor beneficiario, Venezuela, tendrá que renegociar cinco grandes proyectos, entre ellos la ampliación del metro de Caracas, cuyas obras recibieron US$ 1,28 mil millones de dólares del Banco de Desarrollo de Brasil, y el astillero Astialba destinado a la fabricación de los navíos petroleros de Pdvsa, la petrolera estatal venezolana.
La República Dominicana, el segundo país de la región en el volumen de recursos, tiene seis proyectos cuestionados por el banco en obras viales, proyectos de riego y la millonaria termoeléctrica de Punta Catalina, con una financiación prevista de US$ 656 millones. Con información de El País
