Con la inscripción en el Consejo Nacional Electoral (CNE) de la candidatura de los 8 binomios a la Presidencia de la República para las elecciones de 2017, las propuestas que socializan son aceptadas o cuestionadas por electores, expertos y opinión pública en general.
Una de las más polémicas es la instauración de la pena de muerte contra violadores y asesinos, así lo plantea Iván Espinel, de Fuerza Compromiso Social (FCS).
Según Espinel, médico de 33 años, la pena de muerte sería posible si, bajo consulta popular, el pueblo decide cuál es la mejor opción. Así se modificaría el artículo 66 de la Constitución de 2008, en cuyo primer numeral se estipula que el Estado garantizará a las personas “el derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte”.
Incluso, implicaría derogar el artículo 425, que señala que “el orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas y ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos”.
La única manera de poner en vigencia la pena de muerte sería que el país deje de ser parte de la suscripción de todos los convenios y tratados internacionales referentes a los derechos humanos.
Para Elsie Monge, de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), de aplicarse esto rompería con el derecho fundamental de la vida y sería un retroceso en tema de derechos humanos. Dice que hay que contemplar que el país tiene “falencias en la administración de justicia”.
El activista social y vocero de Diabluma, Felipe Ogaz, cree que la idea es una “manifestación fascista” y que no reducirá la violencia. “Estados Unidos tiene la pena de muerte y es un país violento”.
Espinel, por su parte, aclaró que la propuesta salió de los ciudadanos, quienes decidirán si se instaura o no y, de ser así, se reformará el sistema judicial”. Considera, además, que el planteamiento “es una progresión hacia el bienestar y la tranquilidad” y destacó que EL TELÉGRAFO hizo una encuesta a 6.152 personas, de las cuales el 77% contestó que estaba de acuerdo y el 23% que no.
Con información de El Telégrafo
