Este martes será estudiada por la Corte Suprema de EEUU si la administración Biden puede aplicar las directrices -impugnadas por dos estados de tendencia conservadora- que orientan la aplicación de la ley de inmigración hacia las amenazas a la seguridad pública.
El Político
En un caso que pone a prueba el poder del poder ejecutivo para establecer las prioridades de aplicación.
Los jueces de la Corte Suprema escucharán el intento de la administración de anular el fallo de un juez a favor de Texas y Luisiana que anuló las directrices del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que reducen el alcance de las personas que pueden ser objeto de detención y deportación por parte de los agentes de inmigración.
Cambio en la política de Biden
La política de Biden se apartó del enfoque de línea dura de su predecesor republicano, Donald Trump, que pretendía ampliar el abanico de inmigrantes sujetos a detención y expulsión, reportó Reuters.
El actual presidente hizo campaña con un enfoque más humano de la inmigración, pero se ha enfrentado a un gran número de migrantes que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México.
Las directrices, anunciadas por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en septiembre de 2021, daban prioridad a la detención y deportación de los ciudadanos no estadounidenses que representan una amenaza para la seguridad nacional, la seguridad pública o la seguridad fronteriza.
Directrices de la DHS
Mayorkas calificó las directrices de necesarias porque su departamento carece de recursos para detener y buscar la expulsión de cada uno de los 11 millones de inmigrantes que se calcula que viven en Estados Unidos de forma ilegal.
Además citó la antigua práctica de los funcionarios del gobierno de ejercer la discreción para decidir quién debe ser objeto de deportación y dijo que la mayoría de los inmigrantes sujetos a la deportación "han sido miembros contribuyentes de nuestras comunidades durante años".
Los republicanos han criticado a la administración de Biden, diciendo que un menor número de detenciones y deportaciones ha fomentado más cruces ilegales de la frontera.
Problemas en Texas y Luisiana
Los fiscales generales republicanos de Texas y Luisiana demandaron para bloquear las directrices después de que los desafíos legales liderados por los republicanos frustraran con éxito otros intentos de la administración Biden para facilitar la aplicación.
Su demanda, presentada en Texas, argumentaba que las directrices eran contrarias a las disposiciones de las leyes de inmigración que obligan a detener a los ciudadanos no estadounidenses que han sido condenados por determinados delitos o tienen órdenes de expulsión definitivas.
El juez de distrito estadounidense Drew Tipton, nombrado por Trump, falló a favor de los impugnadores, al considerar que si bien los agentes de inmigración podían, caso por caso, actuar con discreción, las directrices de la administración eran una política generalizada que contravenía el mandato de detención establecido por el Congreso.
