Un informe de 422 páginas, firmado por el secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, analizó el problema global de la trata de personas y la explotación sexual de niños. Entre los 188 países estudiados, el reporte reserva dos páginas para abordar la realidad chilena y las medidas adoptadas por el gobierno para enfrentar estos delitos.
El documento del Departamento de Estado, publicado en junio de 2016, sitúa a Chile y Colombia como los únicos países de Latinoamérica en el “Nivel 1”, junto a otras 34 naciones como Estados Unidos, Alemania y Francia. Según el reporte, si bien esta es la categoría “más alta, no significa que un país no tiene problemas con el tráfico de personas o que hace lo suficiente para enfrentar el problema. Por el contrario, la clasificación ‘Nivel 1’ indica que un gobierno reconoció la existencia de la trata de personas, ha hecho esfuerzos para abordar el problema, y cumple con las normas mínimas”, dice el texto.
La razón para elaborar este reporte mundial, dice el documento, es incentivar a los gobiernos a que tomen “medidas activas” para garantizar ayuda a los grupos vulnerables y les entreguen la “protección necesaria para evitar ser blanco de la trata de personas”.
Situación chilena
El análisis realizado por las autoridades norteamericanas contó con la colaboración del gobierno y ONG. El texto detalla que en el caso chileno las víctimas de trata de personas provienen “principalmente de otros países de Latinoamérica, así como de Asia, y son explotados en trabajos forzados en la minería; agricultura; construcción; la venta ambulante; los sectores de hotelería, restaurantes, sector vestuario; y en servicios domésticos”.
Uno de los puntos que aborda el reporte es la denuncia realizada por organismos no gubernamentales que trabajan con víctimas de este delito: “las ONG denuncian burdeles en ciudades pequeñas que a menudo son frecuentados por agentes de la policía para disuadir a posibles víctimas de la trata de denunciar la explotación”, detalla el informe.
De acuerdo a la información aportada por las autoridades chilenas para este reporte, los traficantes de personas, conscientes de las altas penas asociadas a este delito, habrían creado nuevos mecanismos para evitar a la justicia. La creación de contratos de trabajo para las víctimas a través de terceros y el establecimiento de empresas ficticias para justificar las ganancias ilícitas son parte de los ardides detectados, afirma el documento.
Cifras contenidas en un informe de la Mesa Intersectorial que encabeza el Ministerio del Interior detallan que 193 personas fueron víctimas de este delito entre 2011 y 2015.
El informe también entrega recomendaciones a los países analizados. En el caso chileno planteó “ampliar el acceso a los refugios especializados para las víctimas, incluidas las víctimas masculinas y las víctimas de fuera de la capital”. También propone que policías y fiscales especializados en indagar delitos de trata de personas investiguen casos de prostitución de menores y que se “mejore la recopilación de datos y mejorar los mecanismos de coordinación interinstitucional”.
En el caso de los delitos contra menores, el reporte enfatiza la necesidad de aumentar las penas contra quienes promuevan o faciliten la prostitución de menores ya que, dice el texto, podría ocultar casos internos de trata con fines de explotación sexual infantil.
Mejoras y medidas
Un aspecto que destaca el reporte es el aumento de “los esfuerzos de protección de víctimas. Las autoridades identificaron a 65 víctimas de trata durante el año 2015, en comparación con las 16 en 2014; 53 eran víctimas de la trata laboral, y 12 eran explotados en el tráfico sexual”.
Añade que el gobierno aumentó los esfuerzos de prevención durante el período del informe. “El Ministerio del Interior continúa dirigiendo la lucha contra el tráfico con grupos de trabajo interinstitucional, que incluía las agencias gubernamentales así como organizaciones internacionales y ONG locales -y tres subcomisiones”, señala.
Entre las medidas destacadas resaltan las labores preventivas especiales impulsadas para “reducir el turismo sexual infantil mediante la capacitación de 823 empleados de hoteles y operadores de turismo en todas las regiones, con una actividad inaugural programada para coincidir con el recibimiento del torneo de fútbol Copa América de Chile”. El gobierno detalló a las autoridades de EE.UU. que analiza hacer un curso online antitrata para su personal diplomático.
Paola Zárate, fiscal de Alta Complejidad Occidente especializada en trata de personas, dijo que “en el último tiempo Chile se ha convertido en un país muy interesante para cometer los delitos de trata de personas y el tráfico de inmigrantes”. La persecutora añadió que “resulta fundamental que exista mayor coordinación internacional con los distintos actores, como las policías, ministerios públicos y jueces extranjeros, porque estos delitos tienen alcances en otros países”.
Con información de La Tercera
