Un agente de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) que solía ser ejemplar y que se valió de su puesto para darse una vida de lujo con automóviles caros, fiestas en yates y joyería de Tiffany fue sentenciado a más de 12 años en una cárcel de Estados Unidos por asociación delictuosa con un cártel colombiano para lavar dinero.
El Político
José Irizarry reconoció sus delitos, pero culpó a ex colegas de la DEA de promover una cultura de corrupción que lo hizo insensible a las implicaciones de infringir la ley.
“Cuando mi cliente ingresó a la DEA fue entrenado en cómo ser corrupto, fue entrenado en cómo infringir la ley”, declaró su abogada María Domínguez a Univision.
“En este universo alterno se volvió más fácil y menos sospechoso aceptar dinero y regalos” de parte de informantes criminales que trabajaban con la agencia antinarcóticos.
Agentes corrompidos de la DEA
Al dictar su sentencia, la jueza de distrito Charlene Honeywell expresó su disgusto con la DEA por sus deficiencias, y dijo que otros agentes corrompidos por “el atractivo del dinero fácil” también deberían ser investigados.
“Esto tiene que terminar”, declaró la jueza. “A usted le tocó ser descubierto, pero para este tribunal es evidente que hay más personas”.
La DEA declinó comentar sobre las afirmaciones de Irizarry. Los fiscales han descrito sus delitos como un “escandaloso quebranto de la confianza del público”.
Acusaciones contra agente de la DEA
Las acusaciones en contra de Irizarry ponen de manifiesto la deficiente supervisión que recibió durante su carrera; en la que se le encomendó rastrear el uso por parte del gobierno de empresas fantasma; cuentas bancarias ficticias y mensajeros para combatir el narcotráfico internacional.
El caso genera interrogantes sobre si sus ex colegas en la oficina de campo de Miami, donde Irizarry inició su actividad delictiva; también se valieron de sus puestos al tratar con los informantes secretos; que cada año mueven decenas de millones de dólares en dinero ilícito bajo la supervisión de la DEA.
En documentos presentados ante la corte, Domínguez reveló que, desde el arresto de Irizarry el año pasado; se ha reunido con los fiscales durante “horas interminables” para proporcionar información; sobre las actividades ilegales de “colegas agentes policiales que lo iniciaron en la vida delictiva”.
La DEA se ha visto sacudida por repetidos casos de conducta ilegal en los últimos años; incluidos agentes acusados de fraude electrónico, soborno y venta de armas de fuego a narcotraficantes.
