La Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), de mayoría opositora, declaró hoy nula la aprobación del presupuesto fiscal de 2018 para el país, debido a que no fue presentado a este organismo sino ante la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC). EFE
Por votación unánime de los parlamentarios opositores, el Legislativo aprobó "declarar que todo presupuesto formulado en contravención de las disposiciones de la Constitución y la Ley Orgánica de la Administración Financiera del sector público no presentado y aprobado por la Asamblea Nacional es nulo".
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— El Político (@elpoliticonews) December 14, 2017
En esta sesión, en la que no participaron los diputados del chavismo, como ya es costumbre, el Parlamento también declaró que "toda la erogación con cargo en presupuesto inexistente y que viole la Constitución acarrea la responsabilidad patrimonial del Estado e individual de los funcionarios que realicen o autoricen las respectivas operaciones".
Asimismo, recordó que cualquier operación de crédito público realizada sin el consentimiento de la Asamblea Nacional "será nula o no reconocida".
"Esto incluye cualquier operación de endeudamiento", agrega el acuerdo del Parlamento.
El pasado 30 de noviembre, el vicepresidente de Venezuela, Tareck el Aissami, presentó el proyecto de presupuesto fiscal de 2018 ante la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), por 36 billones de bolívares, más de 10.000 millones de dólares, según la tasa más alta de cambio oficial.
El Aissami presentó el proyecto de presupuesto ante la ANC y no ante el Parlamento, de mayoría opositora, que fue declarado en desacato por el Poder Judicial y despojado de sus funciones legislativas por el órgano plenipotenciario.
Presentado ante la Asamblea Nacional Constituyente el Proyecto de Ley de Presupuesto y Plan Operativo Anual 2018., por la paz y la soberanía. 72.5% del presupuesto para la protección social y productiva del Pueblo. pic.twitter.com/Yz8dnIBMde
— Ricardo Menéndez (@rmenendezp) November 30, 2017
La Constitución de Venezuela obliga al Ejecutivo a presentar ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) el presupuesto de la nación del año siguiente antes del 15 de octubre del año anterior.
