Para el penalista Alejandro Rebolledo, especialista en legitimación de capitales y crimen organizado, un narco-Estado está determinado por un escaso poder de la autoridad, grandes deficiencias legales, un Estado débil y por corrupción. “Venezuela tiene casi todas esas características, con la excepción del aspecto legal, porque el país tiene suficiente y buena legislación en materia de drogas, pero no estamos en este momento frente al narco-Estado”.
Rebolledo señala que la implicación de Efraín Campo Flores y de Francisco Flores de Freitas (sobrinos de la pareja presidencial Nicolás Maduro y Cilia Flores) en el delito de conspiración para distribuir drogas en Estados Unidos, posee características especiales, pues no se trata de dos ciudadanos comunes, sino de dos personas que por sus nexos exponen a figuras políticas de alto nivel, y revela que en el Estado funciona todavía una red mafiosa.
“Esta situación se agrava porque el Poder Ejecutivo controla todos los poderes, a excepción del Legislativo. Si bien la responsabilidad penal es individual, sí existe una responsabilidad por la relación de vínculos de influencia. Lo sano es que el Ministerio Público abra de oficio una investigación para determinar las responsabilidades, dado que hay una plataforma de relaciones comprometidas con ese caso”, explicó el abogado, quien señala que aunque el delito haya sido cometido fuera del territorio nacional, la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, en su artículo 73, establece que la jurisdicción es extraterritorial.
Desde el caso de Walid Makled esas redes no han sido desmanteladas. La delincuencia organizada gobierna en Venezuela porque tiene el control de la economía.
Estas organizaciones criminales, mafiosas, se infiltran en las instituciones del Estado cuando este es débil. “No estamos ante un narco-Estado, pero es posible que estemos en vías de su aparición si no se reinstitucionaliza al país, independientemente de quien el pueblo elija para gobernar”.
Tablante: Casta corrupta controla instituciones
Carlos Tablante, ex presidente de la extinta Conacuid, afirma que en Venezuela hay una especie de partido militar convertido en una “casta corrupta” que tiene el control de todas las instituciones, desde las que resguardan las fronteras, puertos y aeropuertos hasta las que manejan las finanzas públicas. “Si ha habido empresas de maletín responsables del saqueo cambiario es porque han contado con la complicidad de la Guardia Nacional Bolivariana y el Seniat. La misma ruta y modus operandi utilizados en este esquema para defraudar al país, seguramente se ha usado también para el tráfico internacional de drogas”.
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A ello le suma la presencia de las FARC y el ELN, grupos paramilitares, y la acción de bandas emergentes de Colombia que, en la medida en que ven reducidos sus espacios, hacen un trasvase hacia Venezuela. “Colombia es el principal productor mundial de cocaína y los traficantes de drogas de ese país han creado una estructura, donde las ametralladoras y pistolas fueron sustituidas por computadoras, satélites y el lavado de los millonarios capitales generados por el negocio ilícito. En la medida en que avancen los acuerdos de paz entre el gobierno y los grupos irregulares en Colombia, aquellos que queden fuera migrarán hacia nuestro país”.
Para evitar que Venezuela se convierta en un narco-Estado deben darse ciertas condiciones, según Tablante, entre ellas un Poder Judicial autónomo y transparente, la creación de un cuerpo policial élite, que cuente con recursos y equipo especializado, así como instancias supranacionales de cooperación policial para cumplir los acuerdos internacionales establecidos en la Constitución sobre la lucha contra la corrupción y drogas.
Cedeño: Es una estructura mafiosa
Para el sociólogo Luis Cedeño, director del Observatorio Venezolano del Delito Organizado, el caso de los sobrinos de Cilia Flores pone de manifiesto que Venezuela es un Estado mafioso, controlado por una pequeña élite de familias dominantes, que mantienen estrecha relación con bandas dedicadas al narcotráfico y al lavado de dinero.
“La grabación realizada por la DEA a Efraín Campo revela que el negocio de la droga está en poder de la élite del chavismo”, destacó. Dijo que estos grupos actúan en cooperación con miembros de la FANB, que controlan la frontera y facilitan el paso de la droga hacia otros países.
De acuerdo con una investigación de la ONG, entre agosto de 2015 y agosto de 2016 hubo reportes de 40 militares vinculados al narcotráfico. En los últimos cinco años el Ministerio Público ha investigado a más de 100 funcionarios castrenses por esta causa.
Si bien en Venezuela el negocio de la droga ha aumentado en los últimos 10 años, de acuerdo con el experto, no puede ser considerada como un narco-Estado, sino como un puente que sirve de tránsito de la droga. Solo 30% de los delitos que se registran en el territorio nacional está vinculado al tráfico de estupefacientes.
Con información de: El Nacional
