Una nueva investigación reciente reveló que el presunto testaferro de Nicolás Maduro, el empresario colombiano Álex Saab usaba aviones de una aerolínea investigada por narcotráfico.
El Político
En febrero se prendieron las alarmas sobre la reactivación del modelo de envíos con cargamentos de droga al extranjero a través de vuelos privados, propios de los años 80 en Colombia. Todo esto por cuenta del sospechoso aterrizaje de aviones de lujo en Pereira, con un grupo de mujeres que venía de asistir a una fiesta.
Trama criminal transnacional
El hecho quedó en la retina de las autoridades al descubrir que existían algunas irregularidades en la documentación migratoria de varios pasajeros.
Eso se convirtió en el inicio de una investigación que ahora, meses después, dejó en evidencia una trama criminal transnacional, reportó Semana.
En medio de la investigación se pudo determinar que, días después, estas aeronaves se convirtieron en el escenario de un nuevo viaje, con salida desde Colombia y sumándole un escándalo: en una de ellas los delincuentes pretendieron sacar un cargamento de cocaína.
La trama delictiva había quedado en evidencia. Las autoridades lograron identificar que el modus operandi venía de tiempo atrás.
También denunciaron que, en el pasado, estas aeronaves ya habían estado en el país, entre agosto de 2019 y principios del 2020.
¿Por qué es importante?
En medio del escándalo, uno de sus brazos o aristas que mayor polémica ha desatado es precisamente la existencia de vínculos entre la empresa fachada que presta sus aviones para el narcotráfico, y algunos políticos colombianos que han requerido en el pasado sus servicios para movilizarse por la geografía nacional.
Así, el negocio fachada lograba lavar su nombre bajo la máscara de la legalidad, al ofrecer vuelos charter a figuras de la política, y amparándose bajo el preconcepto de transparencia, en tanto la empresa era estadounidense.
Si bien no se determinó si los vuelos empleados para transportar la droga fueron los mismos alquilados para los vuelos privados, el comprobar que pertenecían a la misma empresa crea conmoción.
Dentro del listado de ‘clientes’ que accedían a los vuelos privados de la compañía, se mencionan a políticos de la talla de Fernando Villavicencio, diputado ecuatoriano, e incluso la misma senadora colombiana Piedad Córdoba, y el famoso testaferro de Nicolás Maduro, Álex Saab, hoy preso en EEUU.
En medio del escándalo, y por la naturaleza del negocio, la investigación también describe que varias de las aeronaves terminaron siendo abandonadas al ser detectadas con cargamentos.
En contexto
Según la investigación de El Tiempo, entre las aeronaves vinculadas a esa empresa que han sido objeto de incautación o detención se encuentra un avión Hawker-700, de matrícula N777EH, que fue incautado en Colombia cuando las autoridades detectaron que su tripulación pretendía sacar del país un cargamento de 168 kilogramos de cocaína, en hechos reportados a inicio del año 2020.
Precisamente, el avión fue traspasado al día siguiente a un narcotraficante que, incluso, para la época ya había sido reportado como fallecido.
En ese entonces, las autoridades registraron como lugar de procedencia de estos vuelos la región de Tapachula, ubicada en los límites entre México y Guatemala.
Esta zona es reconocida por la presencia de varias agrupaciones narcotraficantes del corte de los carteles de Jalisco-Nueva Generación, Sinaloa, ‘los Zetas’ y ‘los Caballeros Templarios’.
Compleja investigación
La trama estaba destapada. Ahora se desencadenaría una compleja investigación que además dejó en descubierto una estrategia de alcance trasnacional, al descubrir que las referidas avionetas también presentaban una serie de particularidades.
Al rastrear su origen, se pudo determinar que eran propiedad de dos empresas registradas en un pueblo de Texas que, curiosamente, no tiene aeropuerto.
Dicha localidad fue identificada como Onalaska.
Así, al quedar al descubierto el uso de este modus operandi de antaño, el paso a seguir en medio de la investigación, ahora del resorte de las autoridades estadounidenses por el lugar de origen de las aeronaves, era el seguimiento de la empresa responsable de las aeronaves.
Según una investigación del diar
La pesquisa que llevó a la identificación de esta mujer, a su vez, puso en evidencia la existencia de otras irregularidades y rastros no seguidos. Se pudo determinar que la investigada era la responsable del registro de cerca de mil aeronaves, entre los que se encuentra un lote de helicópteros.
Si bien la mujer había sido arrestada desde 2020, la investigación en su contra aún está en curso, y precisamente, según detalla El Tiempo, en medio de ella, recientemente testificó un uniformado colombiano.
Se trata del teniente coronel Álex Humberto Ladino, quien en la actualidad se desempeña como jefe de Seguridad y Defensa de la Fuerza Aérea Colombiana.
La comparecencia de este uniformado, la cual tuvo lugar la semana anterior, se realizó ante la corte federal de Sherman (Texas).
De acuerdo con la información de El Tiempo, en medio de su declaración el uniformado colombiano apuntó que, desde que se avanza con la investigación en contra de la referida red, se ha registrado por parte de las autoridades una descenso en las incautaciones y envíos de droga de hasta un 29% a través de la ruta empleada usualmente por la red criminal estudiada.
En medio del rastreo de los aeronaves usadas para el narcotráfico, se pudo determinar que estas estaban registradas bajo el nombre de la empresa Aicraft Guaranty Corp.
El Tiempo menciona a la empresaria aeronautica Debra Lynn Mercer-Erwin, quien, según las autoridades de Estados Unidos, tenía relación con la firma Wright Brothers Aircraft Title (WBAT).
También se conocieron testimonios de agentes locales en Estados Unidos, quienes también presentaron pruebas en contra de la referida empresaria aeronáutica, sobre la cual explicaron que aparece como la responsable del registro de varias avionetas que han caído en su país transportando droga.
Si bien la mujer ha afirmado que ella es una prestadora de un servicio de transporte aéreo, los expertos han apuntado sus nexos, afirmando que ella sabía bien quiénes eran sus clientes, y que muchos de ellos estarían radicados en Colombia, más precisamente en la zona cafetera, denunciando incluso la complicidad de algunas de las autoridades locales.
En ese sentido, la investigación ha trazado nexos entre un grupo que retomó las redes del llamado Cartel de Cali, y entabló brazos y alianzas con el Clan del Golfo para la producción de drogas.
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