Desde el mismo día que Hugo Chávez se negó a jurar sobre la Constitución de la República de Venezuela vigente, su antipatía contra Estados Unidos fue cogiendo volumen en el altavoz presidencial.
El Político
En sus baños de masas en la avenida Bolívar de Caracas, Chávez mandaba a los gringos al carajo y se burlaba de W. Bush y sus funcionarios, pero las relaciones petroleras se mantenían sin bemoles.
Los embarques eran puntuales y los pagos exactos. La producción superaba los 1.350 millones de barriles diarios y los ingresos subían de forma demencial, reportó El Nacional.
Chávez llegó a decir que “el precio justo del barril de petróleo” debía ser 200 dólares. Mientras, sin importar a qué alto precio se vendieran, en el presupuesto y los ingresos del Estado se estimaba entre 36 y 40 dólares, lo demás se iba por las vías discrecionales y los estados de emergencia que eliminaban la lentitud administrativa y, sobre todo, los controles.
En contexto
El teniente coronel Hugo Chávez había lanzado el país por un despeñadero mucho antes de que Estados Unidos aplicara con guantes de seda las primeras sanciones contra el régimen que el Movimiento Quinta República y sus aliados multicolores implantaron en Venezuela a partir de 1999.
La economía venezolana se desplomó con el golpe de Estado del 4 de febrero de 1992, precisamente cuando en el proceso de modernización del aparato económico y la expansión de los mercados del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez impulsaron el crecimiento del PIB a 10,3%.
Los militares no lograron capturar el poder, por la impericia militar de Chávez, pero igualmente el país se desencuadernó. Solo al final del gobierno de Rafael Caldera hubo una recuperación del PIB, pero ayudaban muy poco los bajos precios del petróleo y la senectud de Caldera.
Medidas de Chávez llevaron a pique a Venezuela
Al sentarse en la silla presidencial, Chávez y el fiel Jorge Giordani, su ministro de planificación, prometieron sacar a flote el submarino. Ocurrió lo contrario. Lo llevaron a pique.
Las cargas de profundidad la lanzaban desde el propio puente de mando y con los aplausos de la tripulación. Habilitado con poderes legislativos para acelerar los cambios, Chávez cometió los primeros estropicios y recibió los primeros cacerolazos.
Desde enero de 1999 hasta esta mañana que amanecimos sin electricidad como todo el centro costero del país, la situación venezolana no ha dejado de resquebrajarse, de empeorar.
Han tenido más éxito las extravagancias y divertimentos de los amigotes de Ali Babá que gobiernan que el sufrimiento y el grave deterioro fisiológico de la población. Desnutrición. Hambre. Falta de medicinas. Represión. Tortura. Ausencia de justicia. Muerte.
Entre líneas
En 2017 nadie –ni fuera ni dentro de Venezuela, mucho menos el gobierno– tenía información confiable sobre la situación económica del país. Con los pocos datos disponibles se estimaba que desde 2014 hasta 2016 el PIB real había disminuido en un 24,3% y que la tasa anual de la inflación entre enero y agosto fue entre 758% y 1.350%.
Tampoco nadie sabía cómo esas cifras se reflejaban en la vida diaria de los venezolanos, salvo las víctimas, que escarbaban entre la basura buscando algo que comer.
En sus más de diez años en el poder, Nicolás Maduro ha ajustado los salarios 32 veces, pero en todas las ocasiones el trabajador ha quedado con una menor capacidad de compra, ninguna de endeudamiento y con dificultades para llegar a fin de mes. Los desequilibrios son espantosos. Para cubrir la cesta básica alimentaria se necesitan hasta 20 salarios mínimos.
El sueldo mínimo, en junio de 2022, solo alcanzaba para adquirir 5% de los alimentos, imposible de cubrir sin un milagro. El valor de la canasta básica alimentaria se ubica en 477,52 dólares, pero el salario que fijó Maduro equivale a 23,76 dólares. La comunidad internacional se sorprendió, pero no salió de Babia. Ni preguntó cuánto han perdido los niños venezolanos de peso y talla. Esa cotidianidad no escandaliza a los influencers progresistas que visitan Caracas y se hartan en MacDonald’s.
Rechazo de Chávez a EEUU
Un embajador de Washington en Caracas ante los alarmantes desatinos que anunciaba Chávez llegó a declararle a los periodista que se fijaran en los hechos y no en las palabras. Y los hechos fueron varias veces peores que la verborragia.
En las horas más difíciles del deslave de Vargas en 1999, rechazó la ayuda estadounidense que venía en camino con hospitales de campaña, maquinaria especial, alimentos, médicos y experiencia en ese tipo de tragedia natural. Nadie sacó la cuenta de cuántos se habrían salvado si los muchachos del Tío Sam echan una mano.
Los cálculos sí los hicieron en agosto 2017 cuando la Casa Blanca dejó de saltar de rama en rama y por primera vez impuso sanciones financieras contra el gobierno de Nicolás Maduro. Prohibió las negociaciones sobre nuevas emisiones de deuda y de bonos tanto del gobierno como de Pdvsa, además del pago de dividendos al gobierno de Venezuela.
Era evidente el chanchullo presente en las cuentas fiscales desde los tiempos en que era normal que la enfermera de Chávez dejara de ponerle inyecciones de vitamina B y se encargara del Tesoro de la República, pero sus trapisondas no afectaban a los tenedores de bonos sobrevaluados de Pdvsa o de la República.
La razones de las sanciones quedaron expuestas en tres líneas de un escueto comunicado de prensa: «La dictadura de Maduro sigue privando al pueblo de Venezuela de alimentos y medicinas, encarcelando a los miembros de la oposición que fueron elegidos democráticamente y reprimiendo en forma violenta la libertad de expresión».
Conclusión
Un ejemplo muy recurrente del fracaso de la sanciones, “y a la vista”, era la proliferación de “bodegones”, que ofrecen una variedad de productos importados tras años de abastecimiento generalizado. Bastó que Estados Unidos dejara de comprar crudo venezolano y prohibiera venderle insumos para producir gasolina, para que apareciera una “burbuja de bonanza”, aparente y limitada al comercio y al consumo. No hay producción, solo remesas de los emigrados y el mercadeo opaco de minerales. La pobreza en 2022 arropaba a cuatro quintas partes de la población que quedaba en Venezuela.
Antes de las sanciones financieras, que no impiden la asistencia humanitaria, ni los negocios con venezolanos no relacionados con el régimen, Maduro aplicó el corrupto control de cambio e impidió la importación de medicinas, alimentos y bienes de producción. Bloqueó millones de dólares en ayuda humanitaria que tanto hubiesen ayudado a los pacientes con cáncer en el Hospital de Niños J. M. de los Ríos. Los centros de salud pública han sido arrasados por décadas de desidia y abandono.
En lugar de beneficiar al pueblo con los ingresos del Arco Minero, prefirió pagar las deudas contraída con Rusia, China, Irán y Turquía en la compra de armas y tecnología de inteligencia para intimidar a la oposición, y el enriquecimiento de los facilitadores del régimen. Fueron las sanciones las que obligaron a Maduro a levantar su propio bloqueo y a autorizar la entrada de la ayuda humanitaria. Pero no ha habido consenso en la comunidad internacional para que el régimen de Maduro rinda cuentas.
