La Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia dominicana escuchó hoy los alegatos de apelación de seis de los acusados por el caso Odebrecht, en el que se investigan los sobornos por 92 millones de dólares que la firma brasileña confesó que pagó en el país para lograr obras públicas entre 2001 y 2014.
Los cinco jueces del tribunal iniciaron así el proceso de apelación de los inculpados, ocho de los cuales guardan prisión preventiva, mientras otros dos fueron enviados a prisión domiciliaria.
La audiencia continuará este viernes con la defensa de los otros cuatro acusados que apelaron las medidas de coerción impuestas en su contra por el juez de la alta corte Francisco Ortega.
Entre los acusados figuran exministros, legisladores, empresarios y exfuncionarios, de los que todos y cada uno han negado su participación en la distribución de los sobornos y exigen su libertad provisional o pura y simple, por considerarse inocentes de las acusaciones.
Los abogados defensores de los exministros de Economía Temístocles Montás y de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa aseguraron que sus clientes tienen fuertes lazos en República Dominicana, por lo que no representan peligro de fuga ni tienen capacidad para entorpecer el proceso.
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Posiciones similares también se escucharon en favor del presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal opositor) Andrés Bautista, así como del exdiputado Ruddy González, del Partido Revolucionario Dominicano.
El tribunal también escuchó las defensas del expresidente de la Cámara de Diputados y actual legislador Alfredo Pacheco, dirigente del PRM, y la del exfuncionario de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee) Máximo De Óleo.
Este viernes, la Cámara Penal de la Suprema Corte seguirá la audiencia con los alegatos de los defensores del abogado Conrado Pittaluga, de los exvicepresidentes ejecutivos de la Cdeee Radhamés Segura y César Sánchez y del empresario Ángel Rondón, a quien el Ministerio Público señala como el receptor y distribuidor de los sobornos.
A Segura le fue impuesto arresto domiciliario por nueve meses, al igual que al exdirector del Instituto de Aguas Potables Roberto Rodríguez, quien no apeló esa medida.
Mientras, al diputado Pacheco y a los senadores Tommy Galán y Julio César Valentín, del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y quienes gozan de inmunidad parlamentaria, se les dictó impedimento de salida y el pago de una multa.
Otro acusado, Bernardo Castellanos de Moya, no se ha presentado a los juicios y es perseguido por la Policía Internacional (Interpol), aunque sus abogados aseguran que regresará al país.
Fuente: EFE
