Aunque no faltaron las críticas opositoras, la audiencia pública para establecer el precio de gas en boca de pozo resultó menos belicosa que la celebrada en septiembre de 2016. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, ratificó que el Gobierno nacional planea reducir el subsidio estatal a ese fluido desde el próximo 1° de abril. El Poder Ejecutivo impulsa un incremento del 10%, como mínimo, en lo que pagarán los hogares y comercios por ese fluido. En el caso de viviendas con gran consumo, la suba puede llegar a 16%.
El costo del gas en si representa un 40% de los importes reflejados en las facturas de ese servicio, según explicó el ministro. El 32% de esas boletas es lo que capturan las empresas de distribución y transporte, mientras que hay un 28% de impuestos. El Gobierno ya estableció que quiere que el Estado nacional pase de subsidiar el 50% del costo del gas al 45% durante este año. Pero todavía no definió el aumento que le otorgará a las distribuidoras, que pidieron hasta un 71% de recomposición.
Ambos aumentos -el del costo del gas en si mismo y el de los márgenes de las distribuidoras- se aplicarán desde el próximo 1° de abril. En un ejercicio teórico, un hogar que tendría que haber pagado $ 500 bimestrales durante abril de 2016, ahora debería afrontar, como mínimo, una factura de $ 580.
Antes de la audiencia pública de 2016, el Estado nacional subsidiaba un 81% del costo del gas. Desde octubre, redujo esa subvención al 50%. Eso le costó al Tesoro unos US$ 2.690 millones (más de $ 43.000 millones).
El peso de los incrementos para los consumidores también será complicado de medir porque las facturas de 2016 estuvieron distorsionadas. Las compañías primero aplicaron un aumento de 400%, pero luego lo anularon por orden judicial. La suba que se aplicará ahora será sobre los valores de octubre, que es un mes donde el frío disminuye. De todas formas, los nuevos importes no pueden ser más de 350% superiores a los de 2016.
