Informe de OIT y CEPAL prevé aumento de la desocupación al 11,5% en América latina por la pandemia
- Un informe conjunto sobre el impacto de la pandemia de coronavirus en el mundo del trabajo, realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ambos organismos dependientes de las Naciones Unidas, anticipa un fuerte crecimiento de la precarización laboral y del desempleo para 2020.
LAS MUJERES POBRES
El jueves de esta semana, en el marco del informe conjunto Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe N⁰ 22, se presentó en Santiago de Chile el documento “El trabajo en tiempos de pandemia: Desafíos frente a la enfermedad por coronavirus (COVID-19)”, firmado por Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, y Vinícius Pinheiro, Director Regional de la OIT para América Latina y el Caribe.
Según el documento, ya antes de la pandemia la región que comprende a América Latina y el Caribe mostraba un bajo crecimiento económico en relación con otras regiones del mundo, pero luego del impacto de la crisis sanitaria para 2020 se espera “la peor contracción económica desde 1930”.
En una región con un altísimo porcentaje de trabajado informal (54%), el impacto de la crisis derivada de la epidemia se manifiesta de forma mucho más grave. Esto se hace especialmente peligroso en el caso de las mujeres, ya que según el informe constituyen un grupo más vulnerable ante la situación por su mayor probabilidad de integrar el mundo del trabajo informal o no remunerado. La región cuenta con casi 10 millones de trabajadores domésticos remunerados, que en su mayoría son mujeres.
También agrava su situación una alta participación en sector salud, donde están afectadas por largas jornadas laborales y mayor exposición al virus, una menor probabilidad de poder realizar teletrabajo (menor participación en cargos profesionales y acceso a tecnología), una sobrecarga de trabajo por ser responsables de la mayoría de las tareas de cuidado y un probable aumento de los casos de violencia doméstica (confirmado por estadísticas de varios países).
El informe conjunto de OIT y CEPAL constata que el 42,4% del empleo se concentra en los sectores más afectados por las medidas de distanciamiento físico. En un desglose por situaciones de riesgo, se considera que los empleos de riesgo alto son comercio, reparación de vehículos, industrias manufactureras, actividades de alojamiento y de servicio de comidas, actividades inmobiliarias y servicios administrativos y de apoyo; los de riesgo medio-alto serían el transporte y almacenamiento, información y comunicaciones, artes, entretenimiento y recreación, y otros servicios; en riesgo medio se ubica la minería, las actividades financieras y de seguros y la construcción; en riesgo medio-bajo la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; y finalmente, como de riesgo bajo se ubican los servicios públicos esenciales, administración pública y defensa, actividades sanitarias y de servicios sociales y la enseñanza
En ese gravísimo escenario, la caída del Producto Bruto Inter no (PBI) de los distintos países generaría un aumento de 30 millones en el número de pobres, con un fuerte deterioro de los sectores medios o medios -bajos. Más allá de la pobreza, grandes grupos de población viven en condiciones crónicas de inseguridad económica y son vulnerables a la pérdida de ingresos laborales.
Ante esta situación, la CEPAL propone un ingreso básico de emergencia equivalente a una línea de pobreza durante seis meses para satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares, que implicaría un gasto adicional del 2.1% del PIB para abarcar a todas las personas que se encontrarán en situación de pobreza en 2020. El objetivo estratégico de largo plazo sería la implementación gradual de un ingreso básico universal, sustentado por mecanismos sostenibles e innovadores de financiamiento.
Entre las “buenas prácticas de seguridad y salud en el trabajo”, el documento enumera: Acuerdo para retomar la actividad en el sector, entendiendo que estas tareas se realizan al aire libre en condiciones que permiten un relativo distanciamiento entre los trabajadores; Protocolo de salud y seguridad en el trabajo, que incluya inducción al personal; Adopción de horarios de entrada y salida desfasados para evitar aglomeraciones; Rutinas de desinfección y sistema de lavado de manos; Uso obligatorio de mascarillas y Protocolo en caso de que algún trabajador presente síntomas.
Respecto de las políticas “para proteger empleo e ingresos de trabajadores y limitar impacto en las empresas”, se destaca la aplicación de prestaciones por desocupación que están flexibilizando sus reglas de acceso y recibiendo subsidios fiscales; casos en que se incluyen a trabajadores cuyas empresas suspenden temporalmente actividades; un fuerte financiamiento estatal de los seguros de desempleo; fórmulas para ajuste de horarios y banco de horas; y la entrega de subsidios a trabajadores informales.
En cuanto a las medidas para proteger empleo e ingresos de trabajadores y limitar impacto en las empresas si la crisis se prolonga se plantea la necesidad de “una nueva ronda de medidas, orientadas tanto a trabajadores y empresas como a grupos vulnerables (migrantes en situación no regularizada, trabajadoras domésticas y cuidadores de personas mayores, trabajadores asalariados e independientes informales en sectores críticos y trabajadores de la salud en primera línea de respuesta frente a la COVID-19).
El informe concluye destacando que la crisis ha abierto la posibilidad de generar innovaciones duraderas en la institucionalidad laboral y de protección social que deben ser aprovechadas para el futuro, apuntando a la implementación de las políticas públicas que consoliden estas innovaciones en su institucionalidad laboral.
En este sentido, se afirma que la pandemia, “está empezando a forjar numerosos cambios en el mundo laboral que serán permanentes” y se propone ir hacia una “normalidad mejor”, ante la constatación de que la crisis “desnudó de forma muy cruda el costo de la informalidad y de la desigualdad en la mayoría de los mercados laborales” en la región. Por eso, se concluye que “los esfuerzos deben direccionarse hacia la generación de marcos normativos e institucionales que perfeccionen la protección sociolaboral de los trabajadores, sobre todo de los más vulnerables” y que las políticas para la recuperación deben apuntar no solo a una “nueva normalidad” similar a la anterior, sino a una “normalidad mejor” con mayor formalidad, equidad y diálogo soci
El hecho simbólico más importante de la semana sucedió fuera de Olivos y lejos de la Casa Rosada. Fue protagonizado por el Presidente Alberto Fernández con el gobernador bonaerense Axel Kicillof como fiel escudero. Alberto llegó tarde a la planta de Pacheco, cuando ya todos los operarios deberían haberse ido a sus casas. Pero nadie se había movido de sus puestos de trabajo. Bajó del cielo en el helicóptero presidencial y fue recibido por una comitiva de la empresa y del gremio encabezados por el CEO de la empresa y el adjunto de SMATA, “Paco” Manrique, quien anunció el “inmediato hisopado de 1.000 trabajadores, cien por día”. A su turno, Axel Kicillof fue contundente en respuesta a quienes reclaman por la economía: “Muchos piden volver a la normalidad. Esa normalidad no existe más, es un sueño, una fantasía, un suicidio colectivo”.
A los representantes gremiales no les cierra la logística de los desplazamientos del personal en el viaje a y desde la planta, pero la rueda ya se mueve. Los discursos dejaron la idea de que “se largó la producción” tras el parate. El Cuerpo de Delegados en pleno hizo propuestas para el protocolo que fueron aceptadas por la empresa y agregadas al esquema que traían de Alemania y China.
Nada se dijo de la petición de subsidios de la multimillonaria multinacional alemana. Nada se dijo de garantizar el 100% del pago a los obreros enfermos.
Lo mejor vino en la recorrida por la planta entre los aplausos de los laburantes. “Gracias” y “Vamoo, Alberto” se escuchaban fuerte. Risas y sonrisas hubo cuando algún operario gritó desde el anonimato: “Aguante el Bicho”. Era por la simpatía de Alberto con Argentinos Juniors, no por el virus
Existen casos de empresas donde las partes pujan con fiereza. Uno de ellos apareció cuando se conocieron los despidos en una contratista de Dálmine Siderca en Campana, donde está radicada la fábrica más importante del grupo Tenaris-Techint. Una empresa asociada del grupo que procesa la chatarra, Scrapservice, subcontrata a su vez a una tercerizada que desde hace más de 20 años cumple esa función.
Ferrúa tiene 30 trabajadores (24 convenio UOM y 6 fuera de convenio). Al mismo tiempo los gerentes de relaciones laborales le comunicaron a la comisión interna que lo mismo van a hacer con otras empresas contratistas porque pretenden reemplazar a los echados con el personal de Siderca que está suspendido rotativamente desde antes de la pandemia por baja de producción. Procesan “15 de 94.000 toneladas potenciales, por la paralización de Vaca Muerta y el cese de exportación a Estados Unidos”, argumentan.
El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires reaccionó de inmediato ante la denuncia de la UOM Campana y llamó a audiencia de conciliación. En las oficinas de Ministerio nacional, Claudio Moroni le respondió a un periodista que no conocía el tema de los despidos de Techint. El mismo día que se prorrogaba el decreto que prohíbe despidos, Paolo Rocca jugaba fuerte contra los trabajadores y puso sobre la mesa 600 puestos de trabajo.
Rubén Urbano es el secretario general de la UOM Córdoba y todo te lo dice de frente. Es franco y directo. “Nosotros teníamos despidos hormiga en muchas empresas hasta que con más de 3.000 laburantes nos movilizamos y logramos parar esos despidos. Caló vio el éxito de nuestra lucha y casi se cae de espaldas”. Con orgullo explica que no hay que confundir los compromisos con el gobierno de turno o con los trabajadores
“Deben estar poniendo la plata en plazos fijos”, especula convencido, “por eso les envié intimaciones por el envío de la plata que le corresponde a esta Seccional. Va otra más ahora, pero ya haciendo efectivos los apercibimientos. Tienen mucho miedo a la Justicia y es lógico. Lo que yo sé es que si a mí se me muere alguien por no darle los medicamentos, vamos con toda la seccional a tirarle el muerto en el Secretariado”. La metáfora no deja dudas de los puntos que calza Urbano en su enfrentamiento con el alicaído Caló. En la UOM, todos los perros van tomando el color que la naturaleza les asignó.
Según Eduardo López, secretario general de la CTA Capital: “Ramona sólo tenía 42 años, y su único riesgo fue vivir en la Ciudad de Buenos Aires. No tenía derecho al agua, no podía lavarse las manos. H.R.L. gasta fortunas en propagandas que dicen Lavate las manos. Esa pauta que publicitaba no era garantizada por el gobierno de la Ciudad para los vecinos de la Villa 31. Queremos que la ciudad vuelva a fase 2, lo dijimos hace una semana. No hay motivos para que abran los negocios en la ciudad de Buenos Aires, ninguna ciudad del mundo se abre cuando aún no paso el pico de la pandemia.
Para Daniel (Tanito) Catalano: “Los gremios de la CTA Ciudad y CTA Capital pedimos que se vuelva a la fase previa del aislamiento social preventivo y obligatorio. No llegan alimentos a las villas y los comedores están desesperados, faltan materiales preventivos en las áreas esenciales, así como en los centros de salud y los hospitales llegan en cantidad insuficiente, donde además persiguen a los trabajadores y trabajadoras amenazándolos con el despido si no realizan las tareas que se les encomienda desde el ejecutivo porteño.
El teletrabajo solo lo garantiza, en parte, el Estado nacional, pero no está reglamentado y esto genera inconvenientes, ya que debería garantizarse una conexión a internet, luz y proveer los dispositivos que permitan el correcto desempeño de las tareas, cosa que tampoco sucede. Todo se complejiza aún más al no respetarse los horarios de trabajo y que en la Ciudad se vulneran constantemente las funciones de los y las trabajadoras”.
Reclamar para sobrevivir
Una seguidilla de denuncias laborales dio a conocer el portal Infogremiales. El Ministerio de Trabajo bonaerense intimó a la firma textil Cheeky, la empresa familiar de Juliana Awada, a pagar en 24 horas los salarios de sus empleados. El ministro Claudio Moroni “gambeteó la sugerencia que le hizo Máximo Kirchner desde el Congreso y ratificó el acuerdo de suspensiones con rebajas salariales en la alimenticia multinacional Mondelez”. Dijo que el ministerio tiene “muy pocas” denuncias por despidos y que sin denuncias no puede actuar.
“La realidad es que estando validado por el sindicato, por la comisión interna que representa a los trabajadores y siendo un acuerdo que cumple con las normas legales, es muy difícil atender el pedido de Kirchner”, detalló el ministro.
Federico Tonarelli, de la Cooperativa del Hotel Bauen, explicó una vez más que todas las cooperativas parecen fuera de la consideración oficial a la hora de la ayuda oficial, mientras denunció que el Estado presta asistencia a grandes empresas que intentan desestabilizar al gobierno. Techint, Clarín, Latam, Telefé y tantas otras consiguieron que se les pague parte de los sueldos de sus trabajadores y “dejan afuera al sector de 400 empresas recuperadas con 18.000 puestos de trabajo, un sector que incluidas todas las cooperativas sin importar su origen incluye a 80.000 laburantes”, detalló Tonarelli, de FACTA.
“La inclusión en la ATP para lxs trabajadorxs de las Cooperativas de Trabajo es un acto de estricta justicia para lxs aliadxs, como no lo es el de las empresas monopólicas que sí lo cobran y son enemigos.”
Como en la década del ’90, los trabajadores desocupados cortan las rutas aún en plena pandemia, reclamando al gobierno provincial neuquino propuestas para afrontar la crisis de desempleo que se viene desarrollando, y a la UOCRA que regularice la situación e institucionalice la regional del sindicato. El periodista especializado Jorge Duarte señaló que el pico de medidas de fuerza se produjo cuando la provincia se despertó con cinco cortes de ruta en simultáneo, cuatro de los cuales eran bajo la consigna: “Sin salarios no hay cuarentena” y congregaron mayoritariamente a trabajadores de la UOCRA vinculados a Vaca Muerta.
Los mineros luchan por su trabajo desde que Trident Southern Explorations se retiró del proyecto sin pagar sueldos ni indemnizaciones. El secretario general de la regional de la AOMA, Gustavo Sepúlveda, declaró al diario Río Negro que “se llegó a un acuerdo con los mineros. Los trabajadores levantaron el corte y, a cambio, cobrarán un bono hasta septiembre. Se creó una mesa de trabajo para que se reanude el proyecto minero».
Tomás Montenegro, secretario general de la CTA de los Trabajadores de Chubut, afirmó que “más de la mitad de los empleados provinciales todavía no han cobrado los haberes correspondientes al mes de marzo, estando a 22 de mayo. Tampoco da cumplimiento a lo firmado en las paritarias de 2019 en lo atinente a la cláusula gatillo.
otros sectores como los textiles que han sufrido descuentos hasta del 50% por acuerdos firmados a nivel nacional y que se han movilizado en los últimos días. La mesa de gremios estatales realizo una caravana el domingo último bajo la consigna: ‘No rompemos la cuarentena. Rompemos el silencio ’.
El vertiginoso desarrollo de la crisis obliga a tomar medidas de emergencia y de una audacia que responda al incesante aumento de los alimentos. Serán ferias francas, sucursales del mercado central en el resto del país o formas directas del productor al público pero el alza de los precios no se soporta más.
Cuando el grupo Bunge no liquida exportaciones esperando una megadevaluación, y uno de sus principales accionistas es el fondo BlackRock (el más duro de los bonistas acreedores), la conclusión evidente es que con Alberto solo no alcanza. Tampoco con Martín Guzmán, el más claro del gabinete, porque conoce al mundo más de cerca.
*Fuente: Estado de Alerta// El Cohete a la LunaNOTAS RELACIONADAS
El informe conjunto de OIT y CEPAL constata que el 42,4% del empleo se concentra en los sectores más afectados por las medidas de distanciamiento físico. En un desglose por situaciones de riesgo, se considera que los empleos de riesgo alto son comercio, reparación de vehículos, industrias manufactureras, actividades de alojamiento y de servicio de comidas, actividades inmobiliarias y servicios administrativos y de apoyo; los de riesgo medio-alto serían el transporte y almacenamiento, información y comunicaciones, artes, entretenimiento y recreación, y otros servicios; en riesgo medio se ubica la minería, las actividades financieras y de seguros y la construcción; en riesgo medio-bajo la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; y finalmente, como de riesgo bajo se ubican los servicios públicos esenciales, administración pública y defensa, actividades sanitarias y de servicios sociales y la
En ese gravísimo escenario, la caída del Producto Bruto Inter no (PBI) de los distintos países generaría un aumento de 30 millones en el número de pobres, con un fuerte deterioro de los sectores medios o medios -bajos. Más allá de la pobreza, grandes grupos de población viven en condiciones crónicas de inseguridad económica y son vulnerables a la pérdida de ingresos laborales.
Ante esta situación, la CEPAL propone un ingreso básico de emergencia equivalente a una línea de pobreza durante seis meses para satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares, que implicaría un gasto adicional del 2.1% del PIB para abarcar a todas las personas que se encontrarán en situación de pobreza en 2020. El objetivo estratégico de largo plazo sería la implementación gradual de un ingreso básico universal, sustentado por mecanismos sostenibles e innovadores de financiamiento.
El informe afirma que las políticas de empleo deben “priorizar la seguridad y salud en el trabajo”, para que la reactivación productiva y del empleo sea segura y saludable. En este sentido, la implementación de medidas “requerirá de un fuerte componente de formación y educación en seguridad y salud para los actores del mundo del trabajo”, además de la inversión de recursos institucionales y presupuestarios reforzados que garanticen su cumplimiento. También se considera “primordial” una gestión participativa de la seguridad y salud laboral, con participación de empleadores y trabajadores.
Respecto de las políticas “para proteger empleo e ingresos de trabajadores y limitar impacto en las empresas”, se destaca la aplicación de prestaciones por desocupación que están flexibilizando sus reglas de acceso y recibiendo subsidios fiscales; casos en que se incluyen a trabajadores cuyas empresas suspenden temporalmente actividades; un fuerte financiamiento estatal de los seguros de desempleo; fórmulas para ajuste de horarios y banco de horas; y la entrega de subsidios a trabajadores informales.
En cuanto a las medidas para proteger empleo e ingresos de trabajadores y limitar impacto en las empresas si la crisis se prolonga se plantea la necesidad de “una nueva ronda de medidas, orientadas tanto a trabajadores y empresas como a grupos vulnerables (migrantes en situación no regularizada, trabajadoras domésticas y cuidadores de personas mayores, trabajadores asalariados e independientes informales en sectores críticos y trabajadores de la salud en primera línea de respuesta frente a la COVID-19).
En este sentido, se afirma que la pandemia, “está empezando a forjar numerosos cambios en el mundo laboral que serán permanentes” y se propone ir hacia una “normalidad mejor”, ante la constatación de que la crisis “desnudó de forma muy cruda el costo de la informalidad y de la desigualdad en la mayoría de los mercados laborales” en la región. Por eso, se concluye que “los esfuerzos deben direccionarse hacia la generación de marcos normativos e institucionales que perfeccionen la protección sociolaboral de los trabajadores, sobre todo de los más vulnerables” y que las políticas para la recuperación deben apuntar no solo a una “nueva normalidad” similar a la anterior, sino a una “normalidad mejor” con mayor formalidad, equidad y diálogo social.
Ellos son los más leales. Sólo piden que los defiendan y los representen”. (CFK.)
El hecho simbólico más importante de la semana sucedió fuera de Olivos y lejos de la Casa Rosada. Fue protagonizado por el Presidente Alberto Fernández con el gobernador bonaerense Axel Kicillof como fiel escudero. Alberto llegó tarde a la planta de Pacheco, cuando ya todos los operarios deberían haberse ido a sus casas. Pero nadie se había movido de sus puestos de trabajo. Bajó del cielo en el helicóptero presidencial y fue recibido por una comitiva de la empresa y del gremio encabezados por el CEO de la empresa y el adjunto de SMATA, “Paco” Manrique, quien anunció el “inmediato hisopado de 1.000 trabajadores, cien por día”. A su turno, Axel Kicillof fue contundente en respuesta a quienes reclaman por la economía: “Muchos piden volver a la normalidad. Esa normalidad no existe más, es un sueño, una fantasía, un suicidio colectivo”.
Restan aún detalles del comportamiento “puertas afuera” que fueron planteados por el secretario general Ricardo Pignanelli aún antes de que empezara la actividad en la planta. A los representantes gremiales no les cierra la logística de los desplazamientos del personal en el viaje a y desde la planta, pero la rueda ya se mueve. Los discursos dejaron la idea de que “se largó la producción” tras el parate. El Cuerpo de Delegados en pleno hizo propuestas para el protocolo que fueron aceptadas por la empresa y agregadas al esquema que traían de Alemania y China.
Se conocieron los despidos en una contratista de Dálmine Siderca en Campana, donde está radicada la fábrica más importante del grupo Tenaris-Techint. Una empresa asociada del grupo que procesa la chatarra, Scrapservice, subcontrata a su vez a una tercerizada que desde hace más de 20 años cumple esa función. Ferrúa tiene 30 trabajadores (24 convenio UOM y 6 fuera de convenio). Al mismo tiempo los gerentes de relaciones laborales le comunicaron a la comisión interna que lo mismo van a hacer con otras empresas contratistas porque pretenden reemplazar a los echados con el personal de Siderca que está suspendido rotativamente desde antes de la pandemia por baja de producción. Procesan “15 de 94.000 toneladas potenciales, por la paralización de Vaca Muerta y el cese de exportación a Estados Unidos”, argumentan.
Reclamar para sobrevivir
la comisión interna que repre
senta a los trabaja
as Cooperativas de Trabajo es un acto de estricta justicia para lxs aliadxs, como no lo es el de las empresas monopólicas que sí lo cobran y son enemigos.”
Como en la década del ’90, los trabajadores desocupados cortan las rutas aún en plena pandemia, reclamando al gobierno provincial neuquino propuestas para afrontar la crisis de desempleo que se viene desarrollando, y a la UOCRA que regularice la situación e institucionalice la regional del sindicato. El periodista especializado Jorge Duarte señaló que el pico de medidas de fuerza se produjo cuando la provincia se despertó con cinco cortes de ruta en simultáneo, cuatro de los cuales eran bajo la consigna: “Sin salarios no hay cuarentena” y congregaron mayoritariamente a trabajadores de la UOCRA vinculados a Vaca Muert
