En Argentina, la Corte Suprema inició un juicio en contra de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, por presunta corrupción.
El Político
La vicepresidenta está en juicio oral, por haber beneficiado a su socio, Lázaro Báez, con 51 contratos por $46.000 millones, con sobreprecios y sin controles.
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Cristina Fernández de Kirchner, de 69 años, está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita. Esta, durante su mandato (2007-2015), habría adjudicado de forma irregular 51 contratos de obras públicas viales. Todos en la provincia sureña de Santa Cruz.
El juicio comenzó en mayo de 2019. Está previsto que el próximo mes empiecen los alegatos de las partes.
La vicepresidenta, que no se pronunció sobre el fallo de la Corte Suprema, podría recibir una condena mayor a los 10 años de prisión.
Según la fiscalía, la supuesta “organización criminal” que encabezó la exmandataria. Y que también funcionó durante el gobierno de su marido, Néstor Kirchner (2003-2007).
Sustrajo fondos del Estado y “valiéndose de la legitimidad de los cargos” que ocupaban sus integrantes. Puso en funcionamiento una “maquinaria eficaz para sustraer y direccionar” esos fondos a Báez.
La acusación contra Cristina Fernández de Kirchner consta de 600 páginas. Corresponde al escrito de los fiscales, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. Quienes llevaron la investigación durante la instrucción.
En contexto
Qué decía, punto por punto, aquella imputación, que llevó a la vice por primera vez al banquillo de los acusados. Estos son los hechos:
La operatoria criminal
Desde el Gobierno anterior y diversos organismos estatales vinculados a la obra pública, se "montó una estructura funcional. Orientada a la sustracción de fondos públicos.
Esto por medio de la asignación discrecional —casi el 80%— de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz. Lo que representó la contratación del Estado, en favor de Lázaro Báez, por más de 46.000 millones de pesos".
Negocios para Lázaro Báez
La fiscalía sostuvo que se configuró un esquema de beneficios exclusivos para Báez. Así, el dueño del Grupo Austral se convirtió en el empresario de obra pública vial más beneficiado por las gestiones presidenciales de Néstor y Cristina Kirchner.
A los ex presidentes se los apunta como los responsables de "diseñar la maniobra". También de "erigir a su amigo personal" como contratista del Estado.
La "operación criminal" fue, según los fiscales, el medio que utilizaron los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner, para "pervertir su función" y utilizar el Estado para "enriquecerse a costa del trabajo de la comunidad".
La Corte de Argentina rechazó el martes una docena de recursos presentados por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para anular el juicio que enfrenta por presunta corrupción en la concesión de obras públicas durante su presidencia. https://t.co/KsgIK9U60V
— Proceso (@proceso) June 22, 2022
Maniobra en cuatro etapas
Todo contó con cuatro etapas: la inmersión del amigo y socio presidencial en el negocio de la construcción vial.
La exportación de una estructura provincial, montada con gente de confianza a un nivel nacional (en el ministerio de Planificación Federal).
La mayor concentración económica de obra pública vial de nuestro país en el sur.
El direccionamiento de la adjudicación de la obra pública y el diseño de un esquema de "beneficios exclusivos y permanentes en favor de Báez. Todo en detrimento de las arcas del Estado".
Los "jefes" de la asociación ilícita fueron —según la imputación— el matrimonio Kirchner. Además, como organizadores participaron Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner, como parte del ministerio de Planificación Federal.
También, el ex Administrador de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti. El "amigo personal y socio comercial de los expresidentes, Lázaro Báez, a quien beneficiaron espuriamente", entre otras personas.
?JUSTICIA
Las claves de la causa de Vialidad que complica a Cristina Fernández de Kirchnerhttps://t.co/8QjSN4n2nU
— A24.com (@A24COM) June 22, 2022
Segunda etapa
La justicia determinó que hubo una segunda etapa posterior al "apoderamiento de fondos públicos destinados a la obra pública".
Se trata del destinado "al reciclaje de las ganancias ilícitas, derivadas del anterior y de otros hechos ilícitos".
Desde una faceta privada, los expresidentes buscaron "convertir en lícitos fondos de origen ilícitos”. Esto fue posible gracias al "esquema de reciclaje" que se utilizó para "instrumentar maniobras de lavado de activos.
Esto a partir de la actividad hotelera y el alquiler de propiedades". Para ello, se usaron empresas de Báez y de Cristóbal López, "canalizaran fondos hacia los ex mandatarios y sus hijos".
Esta secuela de la investigación que comenzó a juzgarse este martes se analizó en las causas "Hotesur" y "Los Sauces", casos que están bajo revisión en Casación.
Tercera etapa
Como parte del punto tres, se leyó en la Sala que en definitiva "Santa Cruz, lejos de ser beneficiaria de una legítima política del gobierno federal, fue el escenario escogido para el obrar mancomunado ilegal de un grupo de funcionarios que comandados por los titulares del Poder Ejecutivo Nacional.
Utilizaron la propia burocracia estatal para proveer los fondos a dicha provincia. Una vez allí, llegara a manos de Lázaro Báez, quien como particular los recibiría para luego, ya fuera de la esfera pública, el dinero iniciara distintos caminos. Entre ellos, un camino de retorno hacia los ex presidentes y sus hijos".
La vicepresidente argentina, Cristina Fernández de Kirchner, volvió a decir muchas incoherencias, pero el antikirchnerismo la insulta y le deja pasar por alto sus burradas económicas https://t.co/iHjCFbROKN #Argentina ?? por @marceloduclos
— PanAm Post Español (@PanAmPost_es) June 21, 2022
Cuarta etapa
Y como cuarta instancia de la maniobra se planteó que el proceso de adjudicación configuró una puesta en escena orientada a simular en los papeles una supuesta competencia entre oferentes que en la realidad no existía.
Esto permitía, por un lado, cumplir con el requisito de multiplicidad de ofertas. Por el otro, aumentar el costo de la obra vial, a través de cotizaciones superiores al presupuesto oficial.
