“Sin atropellar como los K, pero sin perder más tiempo”. Así, un importante funcionario del Gobierno graficaba ayer la decisión de avanzar en el Congreso con el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal para forzar que la procuradora Alejandra Gils Carbó se aparte de su cargo, luego de que ayer dictaminara contra el tarifazo. Se trata de la principal herramienta que tiene la Casa Rosada contra la funcionaria, aunque no la única: con menos probabilidad de éxito, advirtieron que no está desestimado el intento de avanzar con su Juicio Político.
En Balcarce 50 no ahorraron calificativos para referirse a la referente de la agrupación K Justicia Legítima. “Esto termina de revelar su rol militante, la expone todavía más. Pero lo esperábamos: iba a dictaminar así porque recibió una orden política del cristinismo”, indicaron a este diario desde el Gabinete, en el cierre de una jornada en la que Gils Carbó terminó de unir a todas las voces puertas adentro: ya nadie duda de que decidió “atrincherarse” y que no elegirá la salida elegante de acogerse a la jubilación. Por lo tanto, saben que, para satisfacer el pedido del Presidente, que varias veces pidió su apartamiento, se deberá actuar.
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El fastidio ante la decisión de Gils Carbó generó incluso que algunos funcionarios analizaran cómo avanzar en su contra en el Congreso. “Es un escándalo jurídico, sólo se salva del Juicio Político porque el otro dictamen (del caso Camuzzi) lo firmó otra persona”, advirtieron, al recordar que, meses atrás, el organismo que dirige se pronunció en sentido contrario. De todos modos, no descartan tratar los pedidos que ya hay -presentados por Elisa Carrió y por el Frente Renovador- en la Comisión de Juicio Político de Diputados, que conduce un macrista, Alvaro González.
Pero en el macrismo aún prevalece la necesidad de diferenciarse de la gestión K. Por eso, la reforma de la Procuración, virtualmente congelada en Diputados, es el camino elegido. “Seguramente se van a acelerar los plazos y se harán las concesiones que se tengan que hacer para sacar el proyecto”, precisó un alto funcionario. El massismo y el sector del FPV que responde a los gobernadores son clave en este sentido: sin ellos, la iniciativa no avanzará en las comisiones. En el Gobierno estiman que “a más tardar a principios de octubre” estará aprobada, Demasiado optimismo: todavía no tiene ni siquiera media sanción.
Con información de Clarín
