El juez federal argentino, Ariel Lijo, a cargo de la denuncia del fiscal fallecido Alberto Nisman contra Cristina Kirchner por el presunto encubrimiento al gobierno de Irán en el atentado a la AMIA, tiene decidido no excusarse y llevar adelante la investigación luego de que la Cámara Federal de Casación Penal ordenara la apertura del expediente y por sorteo informático recayera en su Juzgado.
"Esto se va a resolver como un caso que, incluso, puede tener consecuencias en la investigación del atentado. Y, como cualquier caso, se va a analizar toda la prueba, que aquí, en principio, son las escuchas", adelantaron fuentes del juzgado de Lijo, según publicó el diario La Nación.
Lijo retomará el expediente a mediados de enero, cuando regrese de sus vacaciones. La denuncia presentada por Nisman en enero de 2015 aseguraba que la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán por la causa AMIA era para canjear negocios por impunidad en torno al atentado que dejó 85 muertos, de acuerdo con lo que declaró el propio fiscal especial del caso antes de aparecer muerto en su departamento de Puerto Madero. La Justicia aún no determinó la causa de su fallecimiento.
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La DAIA logró la apertura de la investigación al presentar este año nuevas pruebas, que básicamente refieren a un diálogo telefónico entre Guillermo Berger -entonces presidente de la AMIA- y el ex canciller Héctor Timerman, en el que éste prácticamente admite que los autores del atentado son iraníes. Esto es investigado en otra causa a cargo del juez Claudio Bonadio con acusaciones sobre Cristina Kirchner y Timerman por "traición a la patria".
Fuentes judiciales no descartaron que Bonadio reclame la competencia en el expediente por presunto encubrimiento, aunque la Cámara de Casación determinó que el caso se sorteara con un nuevo juez.
Las escuchas en las que Nisman fundamentó su denuncia también involucran a los piqueteros Luis D’Elía y Fernando Esteche, al diputado camporista Andrés Larroque y al supuesto agente de inteligencia Allan Bogado. El fiscal Gerardo Pollicita había requerido 45 medidas de prueba. La Cámara de Casación Penal dispuso separar del caso al juez Daniel Rafecas, quien había desestimado el pedido de Pollicita para que se abra la investigación.
Con información de: Clarín
