Argentina celebró el primer encuentro nacional de familiares de víctimas de tráfico con el objetivo de solicitar una Justicia "comprometida" con las víctimas, el endurecimiento de las penas e insistir en la concienciación de los conductores para evitar más muertes en las carreteras.
Redacción El Político
Bajo el lema "Por un tránsito seguro. Leyes que Nos Protejan", distintas asociaciones se reunieron este lunes en Buenos Aires para reclamar modificaciones en la ley vial que se aprobó el pasado diciembre, pendiente de ser reglamentada, y una mayor concienciación de la población.
La norma contempla penas de tres a seis años para los conductores que con su accionar produzcan la muerte de una o más personas y recoge que "no será un delito excarcelable, si se comprueba que manejaron con un grado de alcohol superior a un grado por litro".
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Entre las modificaciones legislativas que las asociaciones solicitaron se encuentran aumentar las penas mínimas a cuatro años, garantizar el respeto de las velocidades máximas o no aceptar un juicio abreviado en caso de muerte y lesiones graves, explicó a Efe Silvia Irigaray, fundadora de la asociación Madres del Dolor.
"Con el que atropelló, huyó y abandonó no hay que tener consideraciones, tiene que ir preso. Excesos de velocidad y de alcohol deben ser castigados (…) el problema es que la pena mínima es como muy baja", insistió Irigaray.
Desde Madres del Dolor aseguraron estar "muy en carne viva" después de que murieran al menos 19 personas en un accidente de autobús en Mendoza (oeste) el pasado sábado.
"Quedó comprobado que es un error humano porque varios pasajeros le dijeron al chófer que bajara la velocidad", añadió.
A juicio de Norma Gallardo, una de las portavoces de la Red de Familiares y Vecinos de Víctimas de Tránsito, la ley supone un "avance" pero no es "la panacea total porque, como toda ley, si no se aplica no sirve".
