Con la defenestración en mayo pasado del coronel Luis Augusto Pisagra de la presidencia de la estatizada Lácteos Los Andes, parecía llegar a su fin un esquema de corrupción enquistado en la administración pública. Pero quien se remonte al paso de ese oficial por la presidencia de Bolipuertos en 2018 encontrará que la Caja de Ahorros del Ejército y una de sus filiales comerciales -una de las cuales el propio Piligra gerenció- sacaron provecho de influencias y un estatus legal dudoso para desde entonces hacer negocios en cuatro puertos nacionales, amparadas en el auspicio de Diosdado y José David Cabello.
El Político
Los puertos de Venezuela, un país que llegó a recibir un flujo considerable de importaciones financiadas con petrodólares —antes de que el chavismo quebrara la industria petrolera— han sido un campo de enfrentamiento entre diferentes intereses políticos y económicos.
Entre estos, el representado por la Fuerza Armada Nacional (FAN) cuyo ámbito de influencia creció durante la autodenominada Revolución Bolivariana, y cuya estela siempre se percibió detrás de nombres de empresarios y compañías que gozaban de privilegios en las contrataciones navieras, según una investigación realizada por Carlos Crespo para Armando.Info.
Hermanos Cabello a la cabeza
Pero los militares, finalmente, pasaron al frente. Desde 2017, y al amparo de la apertura que con pragmatismo el gobierno de Nicolás Maduro viene impulsando en determinados sectores de la economía, la incursión del componente armado en los puertos tomó una nueva forma: los militares crearon sus empresas y contrataron directamente con sus colegas que, ya desde antes, están al frente de Bolipuertos, la estatal a cargo de los atracaderos de todo el país.
Fue precisamente durante la presidencia del coronel Luis Augusto Piligra Jiménez en Bolipuertos, entre 2017 y 2018, cuando la Caja de Ahorros del Ejército atendió el llamado de Nicolás Maduro y decidió expandir su “gestión empresarial”, como lo denomina en su página web, con la creación de seis empresas en poco más de dos meses, entre el 21 de septiembre y el 30 de noviembre de 2017, de las cuales cinco están directamente relacionadas con el trabajo en los puertos.
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